El alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba (PP), y el teniente de alcalde de Hacienda, Miguel Navarro (PP), avanzaron ayer las líneas básicas del borrador de ordenanzas fiscales y presupuesto municipal para el año 2014, entregado por el equipo de gobierno a los grupos de la oposición para su estudio. Según los datos hechos públicos ante los medios de comunicación, el Consistorio montillano manejará el próximo ejercicio un presupuesto de 16,7 millones de euros, un 4,64% más que el actual, que se ha presentado como el resultado de "congelar" las ordenanzas fiscales con carácter general, a excepción de la tasa del agua, que subirá un 1%.

En el capítulo de gastos, Cabello de Alba explicó que el presupuesto vuelve a estar marcado por las obligaciones financieras, que se incrementan en más de 400.000 para un total de 2,3 millones, lo que representa "un pago a bancos de 7.500 euros diarios". También citó como gasto "importante" la aportación municipal al Consorcio de Extinción de Incendios, que se incrementa en un 48% hasta los 547.000 euros. Ambos gastos -insistió el regidor- "vienen dados a este equipo de gobierno por gestiones anteriores y de otras administraciones y condicionan notablemente nuestro presupuesto".

En cuanto a inversiones, el borrador de las cuentas recoge una partida de 326.000 euros para proyectos, como la ampliación del cementerio (160.000 euros). Por concejalías, Cabello de Alba mencionó las nuevas partidas de Comercio (30.000 euros) o los planes de promoción turística de la ciudad por 24.000 euros.

Navarro, por su parte, adelantó que el borrador propone la congelación de las tasas, ordenanzas e impuestos locales, con la excepción de la tasa del agua, con un incremento del 1%. Además, como novedad, Aguas de Montilla, creará una bolsa social con 4.000 euros para el pago de las facturas de agua de las familias más necesitadas, que podrán acogerse a esta ayuda a instancias de Servicios Sociales. Como novedades, Navarro citó una nueva tasa que regula el funcionamiento de los usos en el cementerio y una serie de bonificaciones y reducciones en la prestación compensatoria que están obligadas a pagar las empresas que pretenden instalar sus actividades industriales en suelos no urbanizables.