Desde hace más de tres años, el Ayuntamiento de Lucena figura como titular de una vivienda donde continúa residiendo una familia de seis miembros –cuatro adultos y dos menores- que adeuda 42.000 euros a la administración local por el impago reiterado de impuestos y tasas municipales. Servicios Sociales ha corroborado que ninguna causa de vulnerabilidad recae sobre los moradores y el equipo de gobierno asegura carecer de “fórmulas” que eviten un desalojo obligatorio para “defender” los intereses del Consistorio y de los demandantes, inscritos en la adecuada lista, de pisos de protección oficial.

Días después de que el PP culpara a Juan Pérez y a sus concejales de querer “poner en la calle” a una “familia lucentina”, el regidor socialista ha replicado, con una actitud enérgica, que “por ley” el Ayuntamiento “está obligado” a tratar de recuperar el inmueble, ocupado, actualmente, por la mencionada familia “sin título ninguno”.

Los compromisos insatisfechos se remontan al año 2008 y atañen a tributos como el IBI, el recibo de la basura,  impuestos sobre vehículos y tasas relativas a una cochera y suministro de agua potable. La propiedad incluye, aparte del piso, trastero, azotea y plaza de aparcamiento.

En una sucesión de hechos con matices sustancialmente dispares a los enumerados en la versión difundida por el Partido Popular, Pérez ha asegurado que responsables municipales y técnicos han celebrado “unas siete u ocho reuniones” con los afectados y sostiene que Hacienda Local, entidad gestora de los impuestos municipales en Lucena y que arranca el proceso del embargo en 2011, ha comunicado puntualmente tanto recargos de apremio, liquidaciones pendientes y, más tarde, “cuando se agotan las vías”, la pretensión de retener el inmueble.

Un lustro atrás, en 2015, una entidad financiera, por otras deudas diferentes, abre una ejecución hipotecaria y ya en 2018, al anunciarse una subasta judicial, el Ayuntamiento reclama la titularidad y ha de abonar una carga cifrada en 30.000 euros.

El gobierno municipal insiste en que “no es interés del Ayuntamiento ni del alcalde generar conflicto” y añade que, reiteradamente, ha instado a los moradores “al desalojo y a la entrega de llaves sin que se haya atendido al requerimiento”. La última comunicación, en este sentido, ocurría en el último febrero. Pérez también cuestiona la postura de la familia porque rehúsa recurrir el proceso.

El primer edil socialista enfatiza que resultaría “injusto” eludir esta responsabilidad ya que “no cumpliría con mi obligación”.

El Pleno aplaza la votación sobre el desalojo

A la última sesión plenaria, celebrada este martes, el PSOE, con el respaldo de Izquierda Unida, proponía la interposición de las acciones pertinentes, ante el Tribunal correspondiente, “para la recuperación de este bien de titularidad municipal”.

El Partido Popular, de manera repetida, solicitaba retirar el punto del orden del día y aplazar cualquier debate hasta poseer la documentación completa del expediente. En contraposición, el alcalde, en uso de sus atribuciones, resolvió abrir turno de intervenciones, si bien, finalmente, los cinco grupos políticos consensuaron posponer la votación sobre el inicio del proceso tendente a lograr el desahucio.

En el transcurso de las alocuciones, Miguel Villa, portavoz de IU, acusó a los populares de practicar “la demagogia absoluta” al tratar de conectar esta actuación administrativa con la presencia, del propio Villa y de la edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, en el lanzamiento fallido de una familia, usuaria de Servicios Sociales, que habita ilegalmente una vivienda en la calle Huertas.

Al replicar a Villa, Francis Aguilar, su homólogo en el Partido Popular, corroboró su teoría y, a continuación de afearle al alcalde que “ponga en duda lo que dice una familia de lucentinos” y la demora en facilitar a la oposición los detalles de la documentación acerca de esta controversia y el silencio en pasadas comisiones, le espetó a Villa que “siempre está a favor de los que asaltan viviendas”. El PP ha advertido nuevamente sobre la “inseguridad jurídica” que menoscaba a la familia que reside en la vivienda municipal.