El PSOE, con la colaboración necesaria de Izquierda Unida, emprende el desalojo de una “familia lucentina”, con dos hijos menores mientras obstaculiza los desahucios en edificios ocupados irregularmente. Es la teoría que ha sostenido este jueves el Partido Popular de Lucena al confrontar el procedimiento que inicia el gobierno local con la finalidad de recuperar una vivienda de titularidad municipal y el lanzamiento fallido, en una casa habitada de manera ilegal, acaecido a finales de abril, al que acudieron, para interesarse sobre las circunstancias que concurrían, la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo (PSOE); y el portavoz de IU, Miguel Villa.

La sucesión de los episodios descritos por el Partido Popular arranca con la compra de un piso, por parte de los actuales moradores, a la empresa municipal de Suelo y Vivienda de Lucena. Transcurrido un tiempo indeterminado, una mala situación empresarial y económica de este núcleo familiar provocó la acumulación de numerosas deudas. Entre ellas, varias derivadas de impagos de tributos municipales y que generaron un pasivo de 37.000 euros.

Estas obligaciones insatisfechas, que se remontan al año 2011, desembocaron en un embargo ejercido por Hacienda Local, entidad dependiente de la Diputación de Córdoba y que gestiona impuestos de naturaleza local en Lucena.

Finalmente, este inmueble apareció en una subasta a la que concurrió el Ayuntamiento con la finalidad, conseguida, de recuperar la vivienda. Antes, hubo de abonar 31.000 euros para cumplimentar el requisito de eliminar la carga hipotecaria.

Nueve años después de la gestación del déficit, cuya cantidad global asume una importante suma de intereses pendientes, el PSOE e Izquierda Unida han unido sus votos al aprobar, en la comisión de Hacienda, previa al Pleno, el encargo, delegado a los servicios jurídicos, consistente en “desalojar el inmueble”, advierten desde el Partido Popular, formación que acusa directamente al alcalde, Juan Pérez, de “poner en la calle” a unos padres y sus tres hijos privándolos, aseveran, de cualquier alternativa.

Los populares responsabilizan, de manera insistente, al gobierno local socialista de errores gruesos en el procedimiento por no informar puntualmente y notificar los trámites y requerimientos a la familia.

El PP sostiene que esta iniciativa del Consistorio “daña los derechos humanos y la dignidad de una familia lucentina” y le afean a socialistas y a IU de impulsar esta acción cuando “dos semana antes estaban en la puerta” de una edificación, habitada ilegalmente, en la calle Huertas, con suministro gratis de agua, remarcan, y sobre la que recae una orden de desahucio.

Desde el PP, su portavoz, Francis Aguilar, habla de “falta de información” tanto con la propia familia comprometida, con la que se ha reunido el PP, como con los grupos políticos puesto que “tuvimos que pedir el expediente íntegro”. Los populares expresan que la deuda global “no se ha detallado” y recelan tanto del procedimiento seguido que hasta consideran factible una nulidad de pleno derecho, como resolvió, en un caso similar perteneciente a la provincia de Málaga, han señalado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Partido Popular le reprocha al equipo de gobierno que “trate de esta manera” sin “aportar soluciones” a una familia que “han sido empresarios y han generado empleo” y, además, observan “una distinta vara de medir” entre estos ciudadanos y “los ocupas”. El PP ha adelantado que repetirá su voto en contra en el Pleno y tratará de convencer al resto de formaciones políticas para evitar este lanzamiento.