Amago de desahucio en un edificio ocupado ilegalmente en Lucena. Un brote de coronavirus detectado entre, al menos, cinco de los más de 20 residentes dentro del bloque de pisos ubicado en la calle Huertas ha paralizado la ejecución del lanzamiento. El desalojo, muy probablemente, tampoco hubiera culminado sin la presencia del covid-19 en el interior del inmueble puesto que concurría la presencia de menores.

Antes del mediodía de este martes, varios efectivos de la Policía Nacional, desplegados en dos furgones tomaron posiciones en el tramo peatonal de la calle Mesón, adyacente a esta calle Huertas, uno de los puntos donde la ocupación irregular de edificios ocasiona mayores problemas de convivencia, junto a otros focos de constante repercusión social y mediática como la calle Mediabarba. Minutos después ha completado el dispositivo una pareja de la Policía Local.

Al acto judicial programado también acudió un representante del propietario y una empresa de multiservicios, cerrajería y fontanería. Además, antes de la aparición, al completo, de la comisión judicial también se personaron miembros de la plataforma Stop Desahucios; el concejal de Izquierda Unida; y la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo (PSOE).

Fuentes municipales han confirmado de que técnicos del Ayuntamiento han redactado un informe que acredita circunstancias de “insalubridad” en esta casa, situada en el número 33 de la calle, y donde se alojan siete familias. En cambio, no se ha declarado la ruina de la construcción.

La edil de Servicios Sociales ha evidenciado una amplia perplejidad por esta repentina decisión del Juzgado sin una previa comunicación puesto que, aduce, las personas afectadas por el pretendido desalojo son usuarias del Centro de Servicios Sociales y permanecen en una coyuntura de extrema indefensión. Gallardo, que ha mostrado una palpable indignación, ha manifestado que se ha logrado aplazar una “completa injusticia” porque “son familia de vulnerabilidad severa, hay un montón de menores, y no deben ser echados de sus casas sin tener un plan b”.

De manera reiterada, Carmen Gallardo ha censurado que la determinación adoptada, en principio, imposibilitaba la articulación de una alternativa de vivienda para los residentes en la edificación. En adelante, ha apuntado, “intentaremos, en coordinación con el Juzgado y la Policía Local” evitar “que haya gente en la calle”. Para ello, aboga por “hacer todo lo posible desde el Ayuntamiento”, eso sí, “dentro de la legalidad”.

Desde la declaración del estado de alarma, y hasta su finalización, como mínimo, según ha corroborado Carmen Gallardo, Aguas de Lucena facilita un suministro vital de agua dos horas al día a este conjunto de viviendas. Por lo demás, hay constancia de la existencia de un enganche clandestino a la red eléctrica.