Provincia

Emproacsa se ve forzada a ampliar capital social para evitar la quiebra

  • La empresa de aguas acuerda indemnizar a una empleada que demandó a la sociedad después de ser despedida y que mantiene abierto otro litigio por la vía administrativa por unas oposiciones nulas

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) tiene el mismo capital social que hace dos décadas, pero en este tiempo ha multiplicado sus servicios. Por ello, su capacidad de endeudamiento es limitada. En concreto, Emproacsa tiene un capital social de 1,5 millones de euros pero su presupuesto supera los 20 millones de euros y sus servicios se han multiplicado. Cuando el endeudamiento de la empresa supera el 50% de su capital social, la ley obliga a la entidad a disolverse, según explicó ayer Ramírez.

Y esto está a punto de suceder. Por ello, la Diputación ha puesto en marcha todos "sus mecanismos" financieros para aumentar el capital social de Emproacsa y evitar así que se reproduzcan año a año unos problemas que ya parecen endémicos.

Ramírez anunció esta medida despuésde que fuera necesaria la celebración de un consejo de administración extraordinario de la Empresa Pública de Aguas de Córdoba (Emproacsa) para resolver uno de los litigios que mantiene la entidad con una ex trabajadora. El propio vicepresidente de Emproacsa informó ayer de que una resolución judicial considera improcedente el despido de una ex trabajadora que lleva meses pleiteando contra la entidad.

En concreto, la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba consideraba como despido improcedente la decisión de Emproacsa de prescindir de los servicios de una mujer que estaba cubriendo una baja por vacaciones, según informó Ramírez. La empleada, que trabajaba como auxiliar administrativo, es la misma que denunció al consejero delegado de Emproacsa, Julián Díaz, de prevaricación, y la misma que también mantiene en los tribunales a la entidad por anular unas oposiciones que había superado en primer lugar.

Esta mujer ha tenido tres contratos temporales en Emproacsa en los tres últimos años. El último, que expiró en verano, no se resolvió amistosamente y decidió acudir a los tribunales. En su demanda, solicitaba la nulidad del despido y su reingreso en su puesto de trabajo. Sin embargo, el juez entendió que el despido había sido improcedente, por lo que condenó a Emproacsa a readmitir a la mujer o a pagarle una indemnización. El consejo de administración de la entidad decidió ayer abonar el coste de la indemnización, porque el reingreso supondría "la creación de una plaza que no tenemos prevista", explicó Antonio Ramírez, quien insistió en que "la empresa no funciona por las demandas que se presentan en el Juzgado de lo Social". El coste de la indemnización supera los 3.500 euros, ya que el juez fijó el pago de 695,55 euros más los salarios durante el tiempo de tramitación de la demanda judicial a razón de 46,46 euros diarios entre el 24 de octubre y el 26 de diciembre de 2008 (el día en que se comunicó la sentencia).

Por otra parte, esta trabajadora ha mantenido otros dos procesos contra Emproacsa por la anulación de una oposición. En concreto, una convocatoria de empleo público que en la que esta ex trabajadora se había hecho con la plaza fue anulada después de descubrirse un error en el proceso de baremación, explicó Ramírez. Esta suspensión fue decidida por el consejero delegado de Emproacsa, Julián Díaz, después de conocer un error en la baremación, que consideró una diplomatura en Criminología válida, cuando según la ley andaluza no lo es. Al conocer el error, Emproacsa consultó "a dos catedráticos de derecho laboral" para decidir qué hacer. Sus informes coincidieron en que se debía anular la oposición y convocar un nuevo proceso.

Fue entonces cuando la aspirante decidió denunciar. En primer lugar, presentó una demanda por prevaricación contra Julián Díaz (que fue presidente de la Diputación) en el Juzgado de lo Penal, que desestimó la denuncia. Por otra parte, la ex trabajadora acudió al Juzgado de lo Social para que no se anulara su oposición y se le readmitiera (ya que se le llegó a comunicar que la plaza era suya). En estos momentos, éste es el único litigio que sigue abierto. La Fiscalía ha dicho que este juzgado es competente para decidir sobre este tipo de cuestiones laborales y en ello está el juez. El vicepresidente de Emproacsa ha insistido en que "vamos a acatar la sentencia" y ha negado que en caso de que la empresa sea condenada "vayamos a recurrir". Aparte, ha insistido en que Emproacsa no tiene ningún problema con esta mujer a la que ha considerado buena trabajadora.

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