A Desalambrar exige al Consistorio que aclare si el camino de La Zarza es público

La Plataforma A Desalambrar pidió ayer al Ayuntamiento de Posadas que ponga todos los medios posibles para dejar clara la titularidad pública del camino público de Los Torilejos, entrada a la finca La Zarza, donde la familia Sánchez-Ramade ha colocado una cancela. Además, este colectivo ha mostrado su apoyo a los vecinos de Posadas que están realizando una marcha a Madrid para reclamar que el camino sea considerado público y no se cierre. Estas personas llevan ya casi dos semanas andando hacia Madrid, después de conocer un auto judicial que obliga al Ayuntamiento maleno a volver a cerrar el camino mientras que se dilucida si es público o no.

La Plataforma A Desalambrar protestó "ante la indefensión en que quedamos los ciudadanos ante la actitud de jueces y fuerzas del orden, ya que ante la duda, favorecen a la propiedad privada". El propósito de estas personas que llevan andando desde el sábado, 16 de febrero, es hablar con el Rey porque, según afirman, "aparte de este camino, que tiene la cancela desde hace cuatro años, existen cuatro más inventariados en el término municipal de Posadas y todos están cerrados". Los vecinos lamentaron así que "las personas no puedan pasar por ellos para caminar o hacer deporte".

El grupo se encuentra actualmente en Manzanares (Ciudad Real), donde pasaron la noche del miércoles en un alojamientos ofrecido por unos amigos. Los manifestantes prevén que llegarán a la capital de España dentro de cinco o seis días.

El pasado 14 de septiembre varios guardias civiles y vecinos -algunos de ellos protagonistas de esta marcha- resultaron heridos por el enfrentamiento en la cancela, tras lo cual se han ido sucediendo los acontecimientos que acabaron con la retirada de la cancela por parte del Ayuntamiento a finales de octubre. A mediados de diciembre también hubo una nueva movilización vecinal protestando por el cerramiento del camino con una malla metálica que había colocado la propiedad. No obstante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Córdoba obligó al Ayuntamiento a reponer la cancela, una resolución que el alcalde ya anunció que iba a recurrir.