Rute

Chamizo denuncia que el alcalde se ha negado a facilitarle información

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha firmado una resolución en la que declara la actitud "entorpecedora" del alcalde Rute, Francisco Javier Altamirano, de Izquierda Unida, por negarse durante más de dos años a facilitar información a la institución que comanda sobre una queja de oficio.

La queja fue planteada por un vecino de esta localidad de la Subbética en el verano de 2006 y en ella denunciaba al Defensor del Pueblo el "exceso de ruidos" que producían distintos aparatos, como la cámara de comprensión, de un supermercado próximo a su domicilio, situación que trasladó también al Ayuntamiento de Rute para que tomara medidas, ya que -según el denunciante- el establecimiento "carecía" también de licencia de apertura.

Tras la queja, la Oficina del Defensor abrió un expediente en agosto del 2006 y ha reclamado desde entonces información por escrito al Ayuntamiento en tres ocasiones, además de haber mantenido distintas conversaciones telefónicas con responsables municipales sin recibir respuesta alguna, según informaron fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz.

Ante la negativa a responder y a facilitar información, el Defensor, José Chamizo, ha firmado una declaración en la que textualmente se hace pública "la actitud entorpecedora del alcalde de Rute, Francisco Javier Altamirano, a la labor de investigación de la institución".

La declaración, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), recuerda que la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo obliga a los poderes públicos a "auxiliar" con carácter preferente y urgente a la Oficina del Defensor en sus investigaciones e inspecciones. "No es habitual" que el Defensor emita este tipo de declaraciones contra administraciones públicas o sus máximos responsables, de hecho la del alcalde de Rute es la única de este año.

En 2007, sin embargo, fueron declaradas entorpecedoras las actitudes de la también alcaldesa de IU en el municipio de Almodóvar del Río, María Sierra Luque, así como de los alcaldes de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y Tarifa (Cádiz) y de la Delegación de Educación gaditana.

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