Las Federaciones de Industria de UGT y CCOO han iniciado las movilizaciones por el incumplimiento de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el sector agrario. Un colectivo que afecta a un millón de trabajadores en todo el país y que en Córdoba está formado por más de 65.000 personas que en muchos casos "están viendo sus derechos vulnerados por las tres patronales que forman la mesa de negociación estatal: Asaja, Fepex y el Comité de Negociación de Cítricos", según han expuesto.

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Téllez, ha recordado que los trabajadores del campo “soportan las condiciones laborales más duras de todos los sectores productivos con salarios bajos, precariedad y temporalidad”, a lo que hay que añadir “los problemas para la aplicación de la subida del SMI, aprobado por un Real Decreto”.

Entre otras reivindicaciones, Téllez ha destacado la importancia “de contar con un convenio no sólo estatal o provincial -en vigor-, sino uno de carácter autonómico que evite la competencia entre provincias” y recordó los problemas que la provincia de Córdoba ha sufrido con el olivar de Sierra “porque si los trabajadores tienen a 15 kilómetros una provincia en la que ganan un 15% más se van allí a trabajar”.

Mientras, el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO, Rafael Morales, ha criticado que "los empresarios no están por la labor" y ha denunciado que "ellos consideran que todo es masa salarial cuando el Real Decreto hay partes que no las considera salario".

Así, Morales ha insistido en que la aplicación del SMI de 900 euros mensuales es solo una de las medidas que se deben implementar para que el sector agrario genere empleo de calidad.

El dirigente de UGT ha señalado que "queremos que el contrato sea por escrito, como está establecido en el convenio provincial de Córdoba, que fue el primero que exigió que el contrato fuera por escrito; exigimos altas diarias en la Seguridad Social, como hacen el resto de empresas, que se facilite la acción sindical, que ni empresarios ni administración pública han querido dotarnos de recursos económicos para poner en marcha la figura del delegado provincial en materia de salud laboral y control del fraude".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de FICA-UGT, Antonio Lopera, ha anotado que todos los trabajadores “tengan el contrato que tengan, tienen que llegar a los 900 euros al mes en salario base o 1.050 si tienen metidas las pagas, luego ya se añadirían los complementos, pero todo lo que esté por debajo de ese salario base es dinero que se están ahorrando los empresarios desde el 1 de enero y que no está llegando a los trabajadores”. 

La siguiente cita en el calendario de movilizaciones será el próximo 21 de mayo con una concentración ante las sedes provinciales de Asaja. Precisamente, los sindicatos han recibido esta mañana una notificación para la reunión de la mesa paritaria, que tendrá lugar el 17 de mayo y en la que se volverá a solicitar la implantación total del nuevo SMI.