Televisores, lavadoras, frigoríficos o teléfonos móviles. Mes a mes contemplamos cómo el mercado se llena de ofertas para sustituir nuestros electrodomésticos o aparatos electrónicos por otros más modernos y con mejores prestaciones al mejor precio. El gancho está permanentemente lanzado y la vorágine consumista de la actual sociedad hace el resto para que el efecto del documental Comprar, tirar, comprar, encuentre su máxima expresión.
Porque la cinta dirigida por Cosima Dannoritzer ya aportó hace una década pruebas documentales sobre la reducción deliberada de la vida de un producto por parte de las empresas para incrementar su consumo y las desastrosas consecuencias medioambientales que se derivan.
¿Por qué los productos electrónicos duran cada vez menos? ¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera una duración certificada de 2.500 horas y un siglo más tarde su vida útil se haya visto reducida a la mitad? Diferentes grupos llevan años proponiendo alternativas para salvar economía y medio ambiente y parece que por fin la Comisión Europea quiere garantizar durante diez años el derecho a reparar los productos estropeados. Y el derecho a reparar podría reducir 40.000 toneladas de residuos eléctricos al año en Andalucía.
— Despierta Andalucía (@DespiertaCSur) March 7, 2024
La Comisión Europea asegura que los consumidores obtendrán las herramientas que necesitan para elegir la reparación y las empresas reciben el mensaje de que los modelos comerciales sostenibles y las inversiones en reparaciones son rentables. Todo para avanzar hacia un sistema económico más circular.
Mal negocio para el medio ambiente
La Unión Europea está impulsando una serie de normas que se van a aplicar en breve para garantizar el derecho a reparar. Los electrodomésticos y aparatos electrónicos tienen que alargar su vida útil con un sistema de reparación que sea sencillo, barato y fácil de localizar. El periodo de reparación obligatorio se prolongará hasta diez años después de su compra, tanto dentro como fuera de su período de garantía. Y los fabricantes deberán garantizar la conexión con los consumidores para facilitar esa reparación más allá de quién haya vendido el producto.
El periodo de reparación obligatorio se prolongará hasta diez años después de su compra
Algunos empresas andaluzas ya están aplicando este derecho a reparar aunque aún no esté vigente en la normativa europea. Porque en la Unión Europea esa dinámica de uso que se está realizando hasta ahora tiene un coste de más de 12.000 millones de euros al año, que invertimos en comprar aparatos que podrían repararse. Y significa tirar a la basura 35 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que disponen de materias primas muy valiosas.
Extrapolando el dato a Andalucía, en los últimos 10 años hemos tirado 400.000 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos, el equivalente a 40 Torres Eiffel. "Todo porque no somos capaces de escapar de ese círculo" se lamenta José María Montero, periodista ambiental y científico que dirige Tierra y Mar & Espacio Protegido en Canal Sur.
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