El Gobierno ucraniano ha rechazado el ultimátum que Rusia le había dado para que sus combatientes entregasen la ciudad de Mariupol, puerto clave del Mar de Azov, y cuya caída significaría el establecimiento de un corredor entre la frontera rusa y la península de Crimea. Lo que ahora se espera es que el presidente ruso, Vladimir Putin, intente arrasar la urbe, sin distinguir entre civiles y militares. Es la misma estrategia que Rusia ha empleado en Siria, ataques de artillería masivos hasta la destrucción plena del objetivo. Mariupol está destrozada, como Jarkov, la segunda ciudad de Ucrania, donde han seguido cayendo misiles durante todo este fin de semana. Rusia no distingue civiles de militares cuando ataca con artillería, ha fusilado a ciudadanos de modo indiscriminado para causar el terror y está desplazando de modo coercitivo a las poblaciones ucranianas hacia la frontera rusa. Todo apunta, por lo que se ha visto hasta ahora, que los dirigentes rusos estarían cometiendo diversos crímenes de guerra, al violar la Convención de Ginebra, el Tratado de Roma e incurrir en posibles delitos de crímenes contra la humanidad. Es cierto que la propaganda y la mentira son instrumentos que todo bando utiliza en las guerras, pero entendemos que la Corte Penal Internacional, así como las Naciones Unidas, deben investigar y reunir datos para un posible juicio contra quienes han ordenado y ejecutado unos crímenes que, por su naturaleza, no prescriben. La Corte Penal Institucional ha juzgado a varios de los principales criminales de las guerras de los Balcanes, y se debe actuar del mismo modo ante una invasión que, por lo demás, carece de cualquier paraguas internacional e, incluso, de razones políticas, más allá de intentar revivir conquistas imperiales de siglos pasados.