La Junta de Andalucía ha decidido mantener una estructura periférica de 80 delegados provinciales, todos o la inmensa mayoría con un acusado perfil político, hasta el punto de que, por ejemplo, en Sevilla, se solaparán en la misma persona los cargos de delegado del Gobierno andaluz y presidente del PP. Esa elevada cifra de delegados supone, en principio, un esfuerzo de contención de altos cargos si tenemos en cuenta que en el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno hay dos consejerías más que en el que, en 2019, inauguró el cambio político en la región. Pero aun así es una cifra que se antoja demasiado elevada para lo que son las necesidades de gestión periférica y que se hubiera podido reducir con un mínimo de coordinación entre las diferentes consejerías. Sobre todo, si se tiene en cuenta que una de las banderas con las que el PP llegó al Palacio de San Telmo fue precisamente la de hacer un esfuerzo en la eliminación de burocracia y la de economizar en cargos de representación. La inflación administrativa fue uno de los grandes reproches que, con razón, le hizo el PP desde la oposición a los gobernantes socialistas. La agilización en todos los órdenes de la Administración y su redimensionamiento para hacerla más eficaz fue uno de los compromisos del presidente en su discurso de investidura. Esta es una tarea que quedó casi inédita en la anterior legislatura, en parte por la situación sobrevenida por la pandemia, pero también porque faltó el suficiente impulso político. En la nueva situación creada por la mayoría absoluta y la normalización de la vida económica y social sí se dan las condiciones para acometer las medidas que en su momento se prometieron y empezar a podar de una forma realista y efectiva el enorme entramado de cargos y organismo inoperantes de lo que se dio en llamar la administración paralela que crearon los socialistas. Racionalizar el despliegue de delegados provinciales hubiera sido una buena señal de inicio.