Instituciones penitenciarias acaba de autorizar el traslado a cárceles del País Vasco de once presos de la desaparecida organización terrorista ETA. Una decisión de gran calado político. Entre los reclusos beneficiados figuran dos de los jefes más sanguinarios de la banda: Henri Parot y Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. El primero, capturado en Sevilla con un vehículo cargado con 320 kilos de amonal, era el responsable de los llamados comandos itinerantes, usados por ETA para "socializar" el terror en España. Y Andalucía era objetivo prioritario. Txapote cumple condena por más de 30 asesinatos; entre ellos, el de Miguel Ángel Blanco del que acaban de cumplirse 25 años. Pero también ingresará en una prisión vasca Jon Igor Solana, penado por su participación en el asesinato del fiscal andaluz Luis Portero y del concejal de Málaga José María Martín Carpena, entre otros. ETA no existe desde hace cuatro años. La política de dispersión de presos que puso en marcha Felipe González en 1989 fue muy efectiva porque evitó que los jefes etarras controlaran a sus reclusos, incluso en la cárcel. El acercamiento de presos es una herramienta política utilizada por gobiernos de distinto signo. El PP lo hizo con Aznar en 1998 y 1999. Por más execrable que resulte un crimen, la condena por un delito grave es la de privación de libertad y no necesariamente con el añadido del destierro. El Gobierno puede disponer de razones fundadas para defender los pasos que ha dado. Que las explique. Quedan cientos de crímenes sin aclarar y decenas de terroristas que no sólo no expresan arrepentimiento alguno, sino que no reniegan de su pasado. Es lógico que asociaciones de víctimas se sientan humilladas. Y es lícito sospechar de las intenciones reales que persigue un Gobierno que se pliega a las exigencias de Bildu, ya sea para aprobar un presupuesto o un decreto de ayudas energéticas. Y Andalucía es el último lugar donde puede pedir comprensión.