SIGUEN las sorpresas de los viernes. Primera reflexión: La última, el enésimo incumplimiento del Gobierno del Partido Popular de su programa electoral: la actualización de las pensiones.

Así pues, el Gobierno no actualizará las pensiones a pesar de la desviación del IPC. El Gobierno incumple así su palabra pero esto quizás sea lo de menos. A cambio, o al menos eso dice la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se subirán las pensiones inferiores a los mil euros en un 2% y las superiores en un 1%.

Esto de los porcentajes da para mucho. Por ejemplo, el que esté en el mismo límite de los mil euros de pensión mensual verá aumentado su pensión ¡en veinte euros! Y algunos ya ven a nuestros jubilados de vacaciones en el Caribe y cosas así.

No nos engañemos, España es una sociedad vieja, cada día más vieja. Y ninguna apelación al Fondo de Reserva o ningún incumplimiento de las promesas sobre actualización de pensiones, terminará con el problema del envejecimiento de la población. Una sociedad vieja y sin hijos, con una pirámide demográfica invertida, resulta sencillamente ingobernable.

Es cierto que lo urgente prima sobre lo importante y que las pensiones hay que pagarlas a cualquier precio. Ahora bien, el problema de fondo, el envejecimiento, sólo se solucionará aumentando la tasa de natalidad. Y como a los jóvenes aún se lo ponemos más difícil que a los ancianos, la única manera de incentivar la natalidad es el salario maternal, pagar a aquellas parejas que, a pesar de los pesares, a pesar de salarios de subsistencia se atreven a tener descendencia. Porque la economía española necesita capital, ciertamente, pero mucho más que capital, necesita contribuyentes.

Segunda reflexión: Según mister Gorría, el hombre de la OCDE, los impuestos deben subir y los salarios bajar.

Y añade que al menos bajen las indemnizaciones por despido, cosa en la que seguramente podemos estar de acuerdo... siempre que se compense con una subida de salarios.

Señor Gurría, váyase usted a freír espárragos. Una cosa es que dado el agujero público haya que subir los impuestos, siempre de forma transitoria, y otra que todo impuesto, justo o injusto, necesario o innecesario, constituye un atentado contra la propiedad privada.

Lo lógico, lo natural, no es subir impuestos sino bajarlos, y de paso bajar el gasto público y favorecer la actividad económica. Otra cosa es olvidar que el problema económico de España no es la reducción del déficit público sino un paro del 25% y la consiguiente destrucción de empresas. Tercera reflexión: Hacienda persigue al pequeño empresario, no al grande. Hace pocos días, uno se esos diarios salmón (económicos) decía que Hacienda debía inspeccionar más eficazmente a las grandes empresas. Y es lógico, ya que resulta que el 30% de impuestos de sociedades sólo lo pagan las pymes. La medida del impuesto sobre el beneficio de las grandes compañías apenas alcanza el 20%.

Pero no es así. El fisco no persigue a los grandes, a quien persigue es a los pequeños, aprovechando su menor potencia de juego jurídico y utilizando la posibilidad de embargo que tanto Hacienda como la Seguridad Social posee en nuestro país.

Con los pequeños, Hacienda sí que se atreve. Ni se preocupa de reclamar ni de cumplir los plazos legales: embarga las cuentas y a otra cosa. Luego, el que tiene que reclamar es el damnificado. El embargo de una cuenta corriente debiera ser una medida excepcional. En el Fisco español se ha convertido en algo cotidiano. Y no olvidemos que son las pymes, los profesionales y los autónomos los que crean empleo.

Y el epílogo

El pasado día 3 de diciembre, en el desayuno informativo del Fórum Europa, Tribuna Andalucía, en su habitual sede sevillana, el presidente de la CEA y los secretarios generales de CCOO y UGT, fueron los ponentes de una interesante comparecencia. La prensa ya dio en su día los pormenores y la valoración del acto. Asistieron al acto representantes institucionales de casi todo tipo: Junta de Andalucía, Parlamento andaluz, representantes institucionales de las organizaciones empresariales, representantes institucionales de los sindicatos mayoritarios, empresarios, sindicalistas y un buen número de representantes de organizaciones civiles y sociales.

Y digo bien casi todo tipo de representantes porque así fue. Se echó de menos a representantes del Partido Popular: ni representantes municipales, provinciales, parlamentarios o de partido, asistieron.

No nos sorprende ya que según su propia teoría, entre el Estado y la Sociedad no precisan (ni quieren) intermediarios. Así pues, estamos ante un nuevo modelo de El Rey Sol.