LAS últimas semanas han vuelto a traer la problemática educativa a las primeras páginas de los medios de comunicación, avivando aún más si cabe la controversia en un ámbito sobre el que debería articularse un amplio consenso político y ciudadano sobre el que construir unas estructuras estables.

Por lo que respecta a la universidad y a cuanto esta institución supone en materia de formación, de investigación, de motor de desarrollo, de foro de opiniones críticas, la gama de desencuentros con el Gobierno y las administraciones no ha dejado de crecer desde el pasado mes de mayo.  Como no ha dejado de propiciarse una visión catastrofista  de la institución sobre la que se han querido sustentar distintas medidas e iniciativas prácticamente sin oír a las partes afectadas e incluso en ocasiones sin convocar a los órganos institucionalmente creados para abordar este tipo de cuestiones.

 Las consecuencias no se han hecho esperar, como por ejemplo el desconcierto creado entre los alumnos y sus familias a consecuencia de la subida de las tasas al carecer del tiempo necesario para adaptarse a la nueva situación. Y todavía serán mucho más graves las que se derivarán de los recortes en I+D+i, que no sólo retrotraerán  nuestro país  a muchos años atrás  sino que lo devolverán también a  situaciones de dependencia tecnológica (y por tanto económica), dificultarán la salida de la crisis y, sobre todo , mermarán sus posibilidades de avanzar conjuntamente con los países más desarrollados entre los que, con mucho esfuerzo y siempre -aun en los momentos de mayor bonanza económica- con recursos muy por debajo de la media europea había logrado situarse.

 No es preciso reproducir aquí lo que unánimemente, a través de toda clase de comunicados, han reivindicado todas las instancias científicas e investigadoras de España junto a decenas de premios Nobel y ha quedado meridianamente patente en la discusión sobre los presupuestos europeos. Pese a todos los  pretendidos defectos que desde varias instancias se achacan gratuitamente a la universidad española, nuestro país ocupa el noveno lugar del mundo en producción científica que en más de sus dos terceras partes se  genera en las universidades públicas.

 Algo no debe estar tan mal  cuando desde muy diversos países se reclaman titulados en Ingeniería, en Medicina, en Enfermería y muchos otros campos. Y tampoco debe haberse gestionado tan negativamente cuando contemplamos los recursos con que se ha contado para ello : el 1,07 del PIB cuando la media de la UE está en el 1,2 lo que relega a nuestro país a los lugares de cola por este concepto. Sin embargo, al considerar la riqueza que produce, el sistema universitario español se sitúa cómodamente en la media europea.  No se trata ya de alcanzar los niveles de Harvard o del MIT con presupuestos de 150.000 euros por estudiante y año, ni de Oxford o Cambridge con 50.000, sino simplemente aproximarse al de un campus europeo de tipo medio que alcanza los 20.000. Para ello habría que duplicar la media actual de los campus españoles, que no llega a 10.000 euros. La financiación es pues un problema anterior a la crisis que esta ha agudizado. Lo que estamos tratando de paliar ahora es esa agudización.

 Hemos llegado así  en las universidades a una situación de supervivencia y casi a una economía de guerra que sigue agravándose por las dificultades de liquidez en las transferencias autonómicas, por  las situaciones derivadas de las medidas adoptadas que han generado nuevas dificultades y  por los recortes en presupuestos y  partidas  que,  si siempre fueron insuficientes, ahora son sencillamente exiguos. Aun así las universidades estamos siendo solidarias. Y optimizando recursos, cerrando los campus durante los periodos vacacionales, renegociando contratos, disminuyendo  cargos, reestructurando plantillas, propiciando hábitos de ahorro… hemos tratado de seguir manteniendo el empleo, la calidad de la enseñanza y la competitividad investigadora. Pero es  preciso ser conscientes de la insostenibilidad de esta situación.

De aquí que los rectores de las universidades españolas hayamos decidido llevar a cabo hoy  una nueva llamada de atención a quienes no se cansan de decir que la solución a los problemas está en mas formación, mas investigación y más innovación… pero hacen todo lo contrario a la hora de propiciar cuanto predican. Y lo hacemos también cuando se anuncian medidas aún más profundas para dentro de pocos meses: las que está elaborando un consejo de expertos que debaten temas de tanta trascendencia como la reorganización de las estructuras universitarias, el catálogo de titulaciones, la delimitación de la actividad docente e investigadora - dejando a un lado un Estatuto del PDI ampliamente debatido y ya terminado y consensuado-  o un nuevo sistema de gobernanza.

A  todos debe interesarnos,  como ciudadanos, procurar la mejor utilización de cuanto aportamos  a ese  fondo común que es el Tesoro de un país, especialmente  en tiempos como los que corren. Tiempos de crisis donde estos recursos son escasos y en los que es preciso utilizarlos con sentido de la oportunidad, con solidaridad, atendiendo a la realidad social, pero sobre todo  mirando hacia el futuro de España  y el bienestar de las personas. Ello supone un importante ejercicio de responsabilidad y el desarrollo de una política de Estado que los  ciudadanos echan en falta desde hace ya bastantes años.