NO llegaremos a ninguna parte sensata si enfocamos la iniciativa de Baltasar Garzón sobre el censo de desaparecidos en la Guerra Civil española -en el apartado de la represión franquista- sólo bajo el prisma de la personalidad singular del magistrado. Tratemos de enjuiciarla por sí misma, aparcando el factor Garzón (juez supermediático, que ha instruido mal algunos sumarios importantes y que nos alegró la vida al amargársela a Augusto Pinochet).

La Ley de Memoria Histórica promovida por el Gobierno Zapatero molestó muchísimo a la parte de España que no quiere oír nada referido a la guerra in-civil, pero, al otro lado, también dejó insatisfechos a los colectivos que llevan años peleando para recuperar eso mismo, la memoria de las víctimas de la represión que cayeron en el bando de los vencidos. Generalmente han sido los nietos de aquellos asesinados quienes han impulsado esa dignificación moral y política que sus padres, en plena dictadura, ni se atrevieron a plantear.

Tienen derecho, sin duda, a buscar en cunetas y fosas comunes los restos de sus familiares arbitrariamente sacrificados, a identificarlos y darles un entierro digno, a sacarlos del olvido ominoso en que los mantuvo el régimen de Franco, mientras exaltaba a las víctimas causadas por el bando republicano y favorecía a sus familiares. La Ley de Memoria Histórica reconoció ese derecho... pero dejando su ejercicio en manos de los particulares afectados. Lo que ha hecho Garzón con su providencia es forzar a diversas instituciones del Estado y a la Iglesia católica a asumir esos trabajos de búsqueda e identificación de víctimas que la norma no les encomendó. Un atajo judicial para llenar una laguna política.

Para atravesar este atajo Baltasar Garzón ha utilizado un pretexto: dice que necesita la documentación solicitada a los organismos mencionados antes de decidir si admite las demandas de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica a fin de esclarecer el paradero de muchos miles de fusilados y desaparecidos. Ahora bien, ¿qué hará cuando obren en su poder los datos que pide? Perseguir a los que perpetraron tales crímenes hace al menos 72 años es un absurdo y, además de un absurdo, un imposible legal, porque la Amnistía de 1977 declaró extinguida la responsabilidad penal por toda clase de delitos de intencionalidad política. Esa amnistía fue uno de los hitos de la democracia, que incluyó hasta a los terroristas, una especie de autoperdón general, borrón y cuenta nueva.

Quizás Garzón logrará dar a los familiares de las víctimas del primer franquismo lo que el Parlamento les negó, pero desde el punto de vista jurídico su auto no va a ninguna parte.