El Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de la ciudad han escenificado una unión inédita en materia de memoria histórica con la firma de un protocolo de actuación para las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael. Se trata de un paso más en la tarea pendiente que tiene el país con las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y por supuesto con sus familiares. Una vez logrado el consenso, lo mejor ahora es trabajar de forma coordinada, con el menor ruido y polémica posible y la mayor efectividad y agilidad. Ojalá que nadie lo estropee.