Aprimera vista, las divergencias entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la eventual disolución de los cuarenta y dos ayuntamientos vascos gobernados por la ilegal ANV, planteadas esta semana en el debate parlamentario de una iniciativa de Rosa Díez, parecen haber resucitado el fantasma de la crispación política que dominó, por desgracia, la anterior legislatura y desmoralizó a la sociedad española.

Sin restar importancia al enfrentamiento, siempre negativo en la medida en que debilita la lucha antiterrorista, no creemos que esta posibilidad se reproduzca en la política española actual, aunque aceche y obligue a la alerta general y la responsabilidad de las fuerzas políticas democráticas. La situación es distinta, y también lo es la posición de los dos partidos mayoritarios.

Ambos, PSOE y PP, se mantienen unidos en lo fundamental: no hay otro camino para la extirpación del cáncer del terrorismo etarra que la derrota definitiva de la banda a base de firmeza en la acción policial y judicial, la colaboración internacional -especialmente la francesa- y el cierre definitivo de los intentos de negociación acometidos por tres gobiernos de la democracia con el mismo resultado.

Es la política que viene siendo aplicada por el Gobierno Zapatero en la etapa actual y que es ampliamente compartida por el PP y con el PP. En este contexto, es de menor importancia la diferencia, evidente, acerca de la vía jurídica que hay que emprender para que la ilegalización de ANV como organización paraterrorista sea complementada con el imprescindible alejamiento de los alcaldes y concejaldes de ANV de sus responsabilidades institucionales. En realidad, ANV nunca debió ser autorizada a presentar candidaturas municipales en el País Vasco en 2007, pero que PP y PSOE discrepen sobre los instrumentos jurídicos a aplicar para lograr su erradicación (mociones de censura, disolución de los ayuntamientos o estudio caso por caso), siendo importante, no debe afectar a la unidad básica sobre las premisas de la lucha contra el terror.

Hay que incitar a socialistas y populares a mantener y consolidar ese consenso en lo sustancial y a trabajar juntos en pos de otro objetivo político, aún inalcanzado, pero trascendental: sumar al nacionalismo moderado vasco al proyecto del Estado para acabar con ETA.