Cerco a las parcelas

MIENTRAS AENA continúa enfangada en el proceso de compra de los terrenos ocupados ilegalmente necesarios para la ampliación del Aeropuerto de Córdoba, la Junta de Andalucía ha anunciado un incremento de la protección del entorno de Medina Azahara mediante la declaración de interés social de 29 parcelas de los alrededores del yacimiento ubicadas en las parcelaciones de La Gorgoja II, Córdoba la Vieja y Las Pitas con el fin de evitar que aparezcan nuevas construcciones en la zona. La medida del Gobierno andaluz, que afecta a unas 10 hectáreas de terreno, consiste en la adquisición de este espacio a través de la negociación con sus propietarios o, si ésta no prospera, por la vía de la expropiación forzosa. He aquí la gran diferencia entre ambos modos, el del Gobierno central y el del autonómico, de afrontar la lucha contra las viviendas irregulares en la capital; mientras desde Madrid se negocia con los propietarios de las casas aplicándoles el mismo valor de tasación que si fuesen legales, desde Sevilla se aboga por la solución pactada pero con el claro aviso a navegantes de que no se entrará en mercadeos innecesarios y se procederá a la compra por la fuerza si se da el caso. Esta forma de actuar consideramos que es mucho más seria y justa con el resto de la ciudadanía, pues trata a quienes han infringido la norma urbanística con respeto a la vez que con la dureza necesaria para evitar abusos al erario público -que además no atraviesa por su mejor momento-. Asimismo, desde el Gobierno andaluz se envía un claro mensaje a los vecinos de la zona en el sentido de que la segunda parte del plan para proteger el tesoro de la humanidad que es Medina Azahara consiste en anunciar que se estudiará caso por caso cuáles son las circunstancias de las edificaciones allí existentes, si son primera residencia o no, con vistas a tomar las decisiones oportunas que libren al yacimiento de todo impacto visual innecesario. Y aquí debe ser la Junta inflexible, pues los ciudadanos cordobeses que cumplen con todas las exigencias fiscales en el pago de todos los tributos que devienen de poseer una vivienda legal no deben pagar en ningún caso la cuenta de quienes han erigido sus casas al margen de la legislación urbanística. El Ejecutivo andaluz debe mantenerse firme en su intención por muchas presiones que se anuncien.