La Junta controlará las ventas de suelo a expropiar en Medina Azahara

La Junta de Andalucía podrá controlar las parcelas a expropiar en el entorno de Medina Azahara antes incluso de que comiencen el proceso real de adquisiciones, aprobado por el Consejo de Gobierno y anunciado por los consejeros de Cultura y Ordenación del Territorio, Rosa Torres y Juan Espadas. La declaración de interés social aprobada por el Gobierno andaluz implica, de forma directa, una restricción en la libertad de disponer de las, en principio, 29 propiedades identificadas para que a medio plazo sean de propiedad pública.

Una vez que la declaración de interés social esté plenamente vigente, pues es preciso dar trámite de audiencia a todos los interesados, la Junta de Andalucía tendrá derecho de tanteo y retracto de todas las operaciones de compraventa de suelo que se planteen sobre estas propiedades. Para garantizar la efectividad de esta medida, los Registros de la Propiedad tendrán que inscribir una anotación para bloquear toda operación que no haya sido supervisada por la Administración autonómica.

Esta medida supone una garantía contra los movimientos especulativos sobre los terrenos e, incluso, que algunos incautos adquieran el suelo para edificar (la buena fe es la forma tradicional que tiene un parcelista de defender sus posiciones). En principio, la Junta se ha limitado a las áreas libres de edificación que se encuentren dentro de parcelaciones del Bien de Interés del Cultural al Sur del yacimiento (la ampliación de la Gorgoja, Córdoba la Vieja y Las Pitas). El decreto de la Junta de Andalucía no ha afectado a la zona Norte del BIC, ya en la Sierra, que se encuentra ocupado en una pequeña parte por segundas residencias anexas a la barriada de Trassierra.

En un plan de bajo impacto real pero con cierto calado político y sociológico, el Gobierno andaluz no ha querido señalar como expropiables las propiedades que se encuentren edificadas ni los suelos rústicos, ubicados en los márgenes de las parcelaciones, que son el crecimiento natural de estos núcleos irregulares, que han ido creciendo por agregación de fincas limítrofes. Según el delegado provincial de Ordenación del Territorio en Córdoba, Francisco García, es "improbable" que se amplíen las actuales parcelaciones como consecuencia de las estricta vigilancia que se desarrolla en el entorno. Actualmente, la Policía Autonómica, dependiente de la Consejería de Gobernación, supervisa los alrededores del yacimiento para evitar la construcción de nuevas viviendas sin licencia. Todas las obras de nueva planta han supuesto procesos penales contra sus propietarios y ya existe hasta una orden de demolición aprobada, pendiente de cumplirse por parte de los dueños de la edificación.

García explicó que aún es necesario desarrollar un trabajo de depuración de los datos sobrantes en el expediente dada la especial complejidad de la zona. Las 29 parcelas identificadas son consencuencia de las visitas a la zona, de la información que proporcionan las fotografías aéreas y los datos del Catastro. Sin embargo, es muy normal en estos núcleos que los datos oficiales no correspondan con la realidad y como efecto de la división de propiedades. Un documento definitivo recogerá el censo real de suelo a expropiar.

Uno de los condicionantes de este proceso que lo diferencian del que tiene lugar en el entorno del aeropuerto consiste en los límites a las valoraciones de los suelos. Si AENA tiene cierta libertad para abonar precios de mercado, dado su carácter de empresa pública, la Junta de Andalucía no puede compensar a los propietarios con tanta generosidad. La nueva ley del suelo establece que las viviendas irregulares no existen a efectos de tasar el valor de una propiedad. Es como si sólo existiese el solar.