Juan Manuel Moreno Bonilla ha cometido un error monumental: en compañía -siempre incómoda- de Vox, en víspera de elecciones y por la vía parlamentaria más rápida, ha abierto la puerta a la legalización de explotaciones irregulares de regadío en el entorno de Doñana. Afectando al más preciado espacio natural de nuestro país, en plena sequía angustiosa, desafiando a científicos y ecologistas, colocándose bajo la amenaza de sanciones de la Unión Europea y regalando al Gobierno de la nación munición extra en su campaña descalificatoria de Núñez Feijóo como alternativa inminente.

¿Qué necesidad había de exponerse a tanto riesgo por unos centenares de votos en el Condado de Huelva?, se preguntan en privado los más lúcidos dirigentes del Partido Popular. Ninguna, teniendo en cuenta las consecuencias que traería acometer un problema social innegable (el bienestar de muchos agricultores de la zona) por el procedimiento inadecuado, en el momento más inoportuno y arruinando el proclamado compromiso del presidente de la Junta con la revolución verde, el medio ambiente y la joya mundial de Doñana.

El plan de ampliación de regadíos en los cinco pueblos afectados se puede resumir objetivamente así: regularizamos la situación de agricultores que están cultivando tierras legalmente no regables a cambio de que ellos no utilicen ilegalmente agua de los acuíferos de Doñana, sino que rieguen sus campos con aguas superficiales... que no hay. A estos campesinos o se les está vendiendo frustración o se les está incitando a ir contra el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no ejecutan el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedra (destinados, en realidad, a los regantes legales desde hace más tiempo) en el plazo previsto. Todo ello en medio de una sequía severa. Este invierno ha llovido menos de la mitad de la media histórica, y esta primavera, ni les cuento. Se trataría, pues, de repartir el agua que no existe entre más parcelistas de los que hasta ahora se han beneficiado de un acuífero ya en estado de sobreexplotación, y de exigir al Gobierno que lo arregle para una población aún más amplia y excitada.

Esto parece ideado en una mesa camilla del poder autonómico andaluz, a base de cortoplacismo simplista: conseguimos un buen puñado de votos y echamos a esta gente a pelear contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero el coste es también para la Junta. La operación no será gratis.