En pleno debate sobre el islam en Francia, el veto a los burkinis ha comenzado a extenderse en las playas del país, con tres localidades que han prohibido ese bañador que cubre completamente el cuerpo de la mujer alegando motivos de higiene y seguridad.

Al ejemplo de Cannes y Villeneuve-Loubet, ambas en la Costa Azul, se sumó este fin de semana Sisco, en Córcega, después de que el sábado se registró una pelea entre jóvenes corsos y familias de origen magrebí. Algunas de las mujeres, según explicó ayer un testigo, llevaban ese traje de baño islámico y el altercado, en el que hubo cinco heridos, se desencadenó después de que algunos bañistas las fotografiaran.

El socialista Ange-Pierre Vivoni, el alcalde de Sisco, tomó la decisión en un Consejo Municipal extraordinario convocado tras lo sucedido y se inspiró al redactar su decreto en los otros dos ejemplos.

La polémica sobre ese bañador saltó a principios de agosto cuando se conoció la propuesta de la ONG Smile 13 de reservar un parque acuático cercano a Marsella exclusivamente para mujeres, a las que se les pedía acudir con esa prenda o bien cubiertas.

La oleada de reacciones contra esa iniciativa, que no era ilegal, llevó el pasado día 8 a que la alcaldía de la localidad de Pennes Mirabeu y los gerentes del parque anularan ese evento en un intento por calmar los ánimos.

Tres días más tarde, fue Cannes el que se pronunció de forma más general contra ese polémico bañador. Una prenda que "manifiesta de forma ostentosa una pertenencia religiosa, cuando Francia y los lugares de culto religioso son actualmente objetivo de ataques terroristas, puede provocar disturbios del orden público", detalló su decreto, que no citaba específicamente el nombre de burkini.

Pero el director general de servicios del ayuntamiento, Thierry Migoule, fue más lejos y aseguró que el burkini es una "señal de adhesión al yihadismo y plantea además problemas de higiene".

La Liga de los Derechos Humanos (LDH) y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) llevaron ante los tribunales esa ordenanza, pero la Justicia respaldó el sábado a las autoridades locales.

El Tribunal Administrativo de Niza consideró que el veto respetó las disposiciones del artículo primero de la Constitución, que definen a Francia como una República laica y prohiben a cualquier persona "hacer prevalecer sus creencias religiosas sobre el respeto de las reglas comunes".

El juez indicó que en el actual estado de emergencia y ante los recientes atentados, un bañador diferente del habitual puede ser interpretado como algo más que "un simple signo religioso".

La guerra entre defensores y detractores está lejos de terminarse pues el Colectivo contra la Islamofobia en Francia pretende recurrir su derrota judicial ante el Consejo de Estado francés, la máxima instancia administrativa del país.