UN aspecto interesante del debate sobre el futuro de las pensiones es que ninguno de los actores que participan en su reforma se beneficiará de ella. Es una generación política trabajando para el futuro del país. Eso es importante, a diferencia de lo que suele ocurrir con el cortoplacismo político. Aunque eso no escamotea el hecho de que el debate lleva años de retraso y aunque avanza hacia un amplio consenso político está lejos de la unanimidad y eso siempre es un riesgo para la reforma, que se convierte en susceptible de ser reformada de nuevo con otra mayoría parlamentaria. Convendría que PSOE y PP estuvieran de acuerdo, que se sumara la CEOE, y blindaran de una vez el sistema, evitando repetir el espectáculo de las infinitas reformas de las leyes de Educación, que son la reina de la verbena en cada legislatura. Pero ante el desacuerdo, había que avanzar. El riesgo de la parálisis era inasumible.

Al menos vamos mejor que Francia, donde la calle lleva inflamada demasiado tiempo y ahora se va a desbordar por la arriesgada reforma impuesta por Macron, que incrementa en dos años la edad de jubilación y sube el periodo de cotización. El presidente francés ha aprobado la reforma por decreto ante la falta de apoyos parlamentarios y se arriesga a una moción de censura y a un incendio permanente en las calles, con los sindicatos prometiendo "la madre de todas las batallas". Políticamente gana Marine Le Pen, quien "nadando de muertita" como dicen los mexicanos, o sea, dejando hacer y sin hacer nada, componiendo la figura institucional y administrando los silencios, es quien va a embolsar el malestar y parece la alternativa al Gobierno, frente a la Francia insumisa de Melenchon, desgastada en las protestas como fuerza de pancarta pero escasamente institucional y transformadora. Cosas de la política francesa, que llevaba décadas surfeando sobre su sistema de pensiones sin adoptar decisiones estratégicas.

Se reproduce el bibloquismo

En España el acuerdo con la reforma propuesta por las pensiones reproduce el bibloquismo político. José Luis Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, tiene ya un acuerdo con Bruselas, con UP con los sindicatos y la aprobación del Consejo de ministros, pendiente de su validación parlamentaria. Y suma dos disensos: con el PP y la patronal. Lo que se ha acordado es un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional con una subida gradual de las cotizaciones en dos años, desde el 0,2% al 0,6%, que ayudará a pagar las pensiones del baby boom, una generación muy numerosa. Los costes recaerán en un 0,5 sobre las empresas y un 0,1 sobre los trabajadores. Por pasar del porcentaje a números sencillos. Para una pensión media-alta con una base de cotización de 2000 euros representa doce euros al mes (dos del trabajador y diez del empresario). Pero también se va a elevar la base máxima de cotización a quienes más ganan. Pasará de 47.000 euros a 60.000 euros en 25 años.

Aun así, España todavía ofrece ventajas frente a otros países del entorno, además de cuotas más bajas para el empresariado –cuatro puntos menos que Alemania- aunque obviamente es necesario contemplar las obligaciones y beneficios en su conjunto–. En España serán necesarios 38,5 años cotizados en 2027 para cobrar la pensión. Grecia y Eslovenia exigen 40, Francia va camino de los 43 y Alemania 45. Una de las consecuencias del sistema aprobado apela directamente a los diez millones de pensionistas, muy activos electoralmente, y que están comprobando cómo su pensión sube un 8,5% en estos meses que llevamos de 2023.

Las telarañas de la hucha de las pensiones

A juicio del ministro, el sistema será sostenible cuando se acabe el proceso. Pero la CEOE y la CEPYME consideran que es una mala idea porque toca a los empresarios pagar la fiesta. El PP se opone porque considera que no es una reforma sino un parche hasta 2025. Ese el año marcado para revisar el funcionamiento de la reforma. Sin embargo, Feijóo no ha presentado una alternativa. De hecho, no puede hacerlo a unos meses de las elecciones. O aprueba el incremento de ingresos establecido o apuesta por los recortes, palabra maldita y desterrada en año electoral. El PP tiene un pasado reciente difícilmente defendible en este ámbito: en 2016 el gobierno de Rajoy aprobó una subida de las pensiones del 0,25%, con una pérdida importante de poder adquisitivo para los pensionistas. Finalmente la elevó al 2% como exigencia del PNV para aprobar los presupuestos.

El instrumento aprobado, con todo, tiene carácter temporal hasta que la hucha de las pensiones, que es como se conoce coloquialmente al fondo de reservas de la Seguridad Social, creado bajo el Gobierno de Aznar y concebido como una protección frente al descenso demográfico, vuelva a estar llena. Ese colchón permitirá hacer frente a los pagos de las pensiones cuando regresen –que regresarán incluso si la crisis bancaria con epicentro en Silicon Valley no lo acelera todo– los malos (o peores) tiempos. Un dato escalofriante: esa hucha ha pasado de unas reservas de 67.000 millones de euros en 2011 hasta los 2.138 millones de 2022. Lo que va de los años buenos de recaudación a los de telarañas en las arcas públicas.

Jugando con las cosas de comer

Reformar las pensiones no solo es una necesidad estructural para el país sino que no hacerlo tendría graves consecuencias para España, que lo pagaría caro. Esta reforma es clave para acceder a los fondos del Plan de Recuperación de España aprobado por Bruselas y que superará los 77.000 millones de euros. El nuevo modelo de pensiones condiciona directamente el pago del cuarto tramo. O sea, estamos jugando con las cosas de comer. Pero además es que o se reforma el sistema o nadie podrá garantizar su cobro en el futuro. Dejarán de ser un derecho real, que es además de uno de los principales logros sociales en muchos países tras la segunda Guerra Mundial. El envejecimiento de la población debido a la bajísima tasa de fecundidad (1,19 hijos por mujer) es uno de los elementos de riesgo repetidos en las economías desarrolladas, que sumado a la mayor esperanza de vida (83 años) y los bajos sueldos medios, por debajo de la media europea, son amenazas inmediatas para el sistema, que necesita de estos ajustes y de una mayor contribución directa del Estado: el gasto del PIB en pensiones va a pasar del 12% al 15%.

Con todo, 2022 dejó un dato de máximos en una década: 2,39 cotizantes por cada pensionista, aunque el equilibrio esté en riesgo ya que el 33,4% de la población activa tiene entre 50 y 64 años y se calcula que en los próximos 17 años se jubilarán 7,5 millones de trabajadores, que comenzarán a percibir una pensión. Así en 2050 habrá 16 millones de pensionistas en España.

Hay otra solución: elevar en 18 puntos la tasa de empleo para bajar en un 40% el mayor gasto previsto de aquí a 2050 como consecuencia del envejecimiento de la población. Tarea complicada. En definitiva, el objetivo prioritario es incrementar los ingresos del sistema. La única forma de no hacerlo era seguir manteniendo la reforma lastrada in aeternum.