La paga extra que el Gobierno Vasco socialista en funciones ha anunciado que pagará a sus 67.000 funcionarios podría estar en el aire después de que el Ejecutivo central haya presentado un conflicto de competencias con Euskadi ante el Tribunal Constitucional. Al conocer esta decisión, el Gobierno Vasco ha optado por esperar a la decisión del Constitucional de admitir o no a trámite este conflicto para ordenar el pago de la extra hacia el próximo día 10, de forma que los funcionarios la reciban en sus nóminas el 20 de diciembre.

Según fuentes del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha formalizado la presentación del escrito de conflicto de competencias, una decisión que ya fue anunciada el pasado 30 de noviembre por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta explicó ese día que la extra de Navidad a los funcionarios que quiere abonar el Ejecutivo vasco incumple el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tras estudiar el caso de Euskadi, ha decidido adoptar esta medida al entender que contradice la legislación básica del Estado. Una vez presentada la cuestión de competencia, se prevé que el Tribunal Constitucional decida su admisión o no a trámite en el próximo pleno, momento en el que podría incluir la orden de paralizar la medida adoptada por Euskadi.

Fuentes del Ejecutivo de Vitoria han opinado que esta decisión del Gobierno de Mariano Rajoy "es un intento de evitar que se cree un precedente" con otras comunidades autónomas. Han explicado asimismo que ahora esperarán a ver si el Tribunal Constitucional admite a trámite este conflicto para adoptar una decisión sobre la paralización o no de la orden de pago. También han matizado que en este caso no existe un "hecho impugnable" sobre el que recurrir, ya que el Gobierno autonómico no ha llevado a cabo ningún "acto, ni un decreto, ni una ley" para el abono de la paga extra, sino que sólo se ha tratado de la manifestación de la voluntad del Ejecutivo expresada por su portavoz, Idoia Mendia. En este sentido, ha explicado que el "protocolo de libramiento" de la paga extra, es decir la orden de abono al banco, todavía no se ha efectuado porque se lleva a cabo diez días antes aproximadamente de que los funcionaros reciban en sus cuentas el ingreso de la extra, que suele ser el día 20 de diciembre.

El conflicto por la paga de la extra de Navidad a los funcionarios vascos ha enfrentado durante las últimas semanas a los gobiernos central y vasco, con duros cruces de acusaciones. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, calificó de "ilegal" abonar esta paga y advirtió de que a los funcionarios que decidieran pagarla se les exigirían las responsabilidades que recoge el Código Penal, que llevan "aparejadas una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años". Euskadi calificó esta advertencia de "abuso" que "suena a chantaje" por tratar de "intimidar a funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político", algo que a juicio del Gobierno en funciones de Patxi López es "incalificable".

Tras la materialización de la medida anunciada y la presentación del conflicto de competencias, la paga que pensaban percibir los 67.000 funcionarios vascos podría ahora estar en entredicho. Incluso podría quedar pendiente de resolución para el próximo Gobierno Vasco, liderado por el PNV, que quizás se vería obligado a devolverla en caso de que se abone.