Las empresas no se quedarán de brazos cruzados ante el nuevo sistema de retribución de las renovables aprobado por el Gobierno el viernes pasado y que supondrá un recorte de 1.700 millones de euros anuales. Ayer, tanto la Asociación Empresarial Eólica (AEE) como la de Empresas de Energías Renovables (APPA) anunciaron que recurrirán el nuevo real decreto "en todas las instancias" posibles, ya sean nacionales o internacionales.

El presidente de la AEE, José López-Tafall, avanzó en el acto de inauguración de la Convención Eólica 2014 que recurrirán esta regulación con todas sus "fuerzas" y en "todas las instancias" que puedan, al calificarla de "injustificada en sus planteamientos y desproporcionada en sus efectos".

"Su aplicación nos va a abocar a una larga travesía de parálisis de inversiones, multitud de pleitos a nivel nacional e internacional, y a la continuidad de la incertidumbre", afirmó. La eólica, dijo, sufre las medidas más "destructivas" a través del marco legal "más restrictivo" del entorno.

El presidente de la patronal aludió además a los efectos negativos para la eólica asociados a los "flecos de la reforma", especialmente la nueva regulación sobre el servicio de interrumpibilidad, cuyo coste debe ser financiado por los operadores en proporción a su firmeza. Esta medida puede convertir a la eólica en "el principal contribuidor a pagar este servicio", que cuesta 500 millones al año y que consiste en un incentivo a la gran industria por suspender su actividad en momentos de abundante demanda y escasez de oferta. La interrumpibilidad se paga a pesar de que "no se utiliza", señaló.

López-Tafall lamentó además que los recortes a la eólica se produzcan después de que esta tecnología haya logrado el "récord" de convertirse en 2013 en la principal fuente de generación eléctrica.

Junto a esto, citó algunos de los "errores de la reforma", como convertir a las primas en culpables del déficit de tarifa, cuando en 2007, momento en que comenzaron a dispararse los costes, ya se encontraba instalado el 66% del parque eólico nacional; o como el hecho de "penalizar" a una tecnología con una "probada trayectoria en términos de creación de valor y empleo", capaz de procurar ahorros de hasta 2,5 euros al mes a los consumidores.

Por su parte, la APPA también comunicó que recurrirá el real decreto y toda la normativa del Gobierno ante la Comisión Europea y todas las instancias judiciales, nacionales e internacionales. La patronal subrayó que la normativa cambia "radicalmente" todas las condiciones sobre las que se hicieron las inversiones y "sumerge al sector en una total inseguridad jurídica, impropia de un país desarrollado, al aplicar medidas retroactivas que han hecho de España el país del mundo con más litigios internacionales". Además, señaló que la publicación de la orden de parámetros retributivos prevista en el nuevo real decreto supondrá "la puntilla" que llevará al sector "a una situación crítica".

Así, consideró que el marco regulatorio "es un paso más en la estrategia de acoso y derribo" al sector de las renovables, "algo que el Gobierno del Partido Popular ha venido haciendo desde su llegada al poder y su estreno con un primer real decreto ley que significó una moratoria para las renovables".

Para APPA, el real decreto aprobado introduce más inestabilidad regulatoria, "pues deja en el aire" la viabilidad de las instalaciones renovables existentes o futuras, ya que contempla la posibilidad de modificar cada tres años los parámetros retributivos de las mismas de forma arbitraria, "obviando que con este esquema de apoyo y con la rentabilidad razonable establecida por el Gobierno no se habría instalado ni un solo megavatio renovable en España".

De esta manera, cree que la normativa "ahuyenta cualquier posibilidad de inversión, española o extranjera", y compromete "seriamente" los objetivos europeos asumidos por el propio Gobierno.

El Ministerio de Industria publicó ayer el real decreto 413/2014, que recoge el nuevo sistema de retribución a renovables, cogeneración y residuos. El nuevo diseño garantiza a las plantas un nivel de rentabilidad basado en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, lo que arroja un retorno antes de impuestos del 7,39%. Esta tasa se aplica también a los años transcurridos de operación, así que una planta con un retorno superior a ese porcentaje en ejercicios anteriores verá recortada la rentabilidad del 7,39% en los siguientes. Esta circunstancia hace que algunos parques eólicos ya queden sin incentivo.