Las defensas de los expresidentes del Córdoba CF plantean la prescripción de los delitos

La Ciudad de la Justicia albergó este miércoles la primera jornada del juicio a Carlos González y Jesús León por el chalé realizado por la empresa del segundo al primero. Todo ello, como sostiene la fiscalía, con fondos del Córdoba CF. Junto a los dos exdirigentes de la entidad blanquiverde también estaba Isabel Madueño, esposa del empresario montoreño y presidenta de la Fundación del Córdoba CF. Los tres acusados suman en conjunto penas que superan los 11 años de prisión por administración desleal y delito societario.

El caso se está juzgando en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Pasadas las 10:00 arrancó una primera sesión en la que los abogados de los tres acusados pidieron la prescripción de los delitos. Además, en estas cuestiones previas, los letrados de León y Madueño pidieron la nulidad de pruebas porque se vulneraban los derechos fundamentales de la intimidad del matrimonio.

Los acusados comparecieron junto a sus abogados ante el juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Los expresidentes del Córdoba CF, Carlos González y Jesús León, llegaron a la par a la Ciudad de la Justicia, mientras que Isabel Madueño lo hizo por la puerta trasera. En esta primera jornada se alargó en demasía por las cuestiones previas realizadas por los letrados de las partes y ninguno de los tres acusados se sentó a declarar ante el magistrado. De hecho, este miércoles pasaron los primeros testigos de este caso chalé y la no construcción de la ciudad deportiva (en la actual zona del Parque del Flamenco).

Las defensas de los tres implicados piden la prescripción de los delitos (administración desleal y societaria), ya que reconocen que se deben regir por la normativa anterior a la ley de 2015. Por ello, las partes se agarran a que ya pasaron los cinco años pertinentes para enjuiciar los mismos. A pesar de ello, el juez apuntó que todo seguirá hacia adelante como estaba marcado porque "el tribunal no tiene suficiente claridad como para pronunciarse sobre el tema".

El cronograma de los hechos que por los que la fiscalía acusa a González, León y Madueño arranca en octubre de 2014, momento en el que se inicia por Grucal el inicio de las obras del chalé del empresario tinerfeño. Posteriormente, como indicaron las defensas de los exdirigentes de la entidad cordobesista, los pagos se van realizando hasta 2016. De este modo, cuando arranca la denuncia del ministerio público, en marzo de 2021, ya habrían pasado los cinco años de prescripción de los delitos.

El fiscal, por su parte, indicó que de nuevo la prescripción volvió a la palestra cuando la misma ya se desestimó en un auto emitido anteriormente. "Es en 2015 y 2016 cuando se consuma el delito y los años fiscales acaban a 30 de junio. Desde el 30 junio de 2016 al 9 marzo de 2021 no transcurre ese tiempo y menos para la admistracion desleal que comete Isabel Madueño, falsificando cuentas para garantizar el dinero que faltaba en las cuentas de la fundación", indicó el ministerio público.

"El Córdoba CF, a través de uno de los testigos, Francisco Estepa denuncia los hechos y tira de la manta. No se puede confundir patrimonio con sociedad y persona y el hecho de que el Córdoba haya renunciado no opta a que haya unos perjudicados que merecen inmdenización y que deba resolverse en sentencia", apuntó el fiscal Jiménez Alarcón.

Los argumentos de las defensas cuestionaron el procedimiento judicial llevado a cabo desde la fase de instrucción y unos registros que finalmente han acabado con González, León y Madueño en el banquillo de los acusados. Además, se pidió también la nulidad de pruebas por la vulneración de los derechos fundamentales de la intimidad del matrimonio -se extrae de una conversación de telegram-.

En este caso, la abogada de Jesús León apuntó a "la vulneracion de derechos de comunicaciones y la nulidad prueba". "Cuando se realiza el 6 noviembre de 2019 el registro no se estaba investigando a la esposa de mi defendido. Se extrajeron conversaciones mantenidas por telegram. Es mi deber señalar que esta actuación es contraria de hecho. Utilización de esa conversación de manera torticera por el ministerio público porque no hay indicios previos para la intromisión en su intimidad", reconoció la letrada.

El fiscal reconoce que la prueba de la conversación es "demoledora"

Ante el planteamiento iniciado, pidió "la nulidad de la prueba y todas acciones derivadas de la misma", al igual que "todas las personas ajenas al procedimiento si se vulneran sus derechos". De hecho, argumentó la abogada de León que se consiguieron estas pruebas "de forma irregular". Además, destacó que se extrajo "el párrafo que le interesaba y que no consta la conversación completa", por lo que indicó que se realizó "de forma ilícita".

En este caso, el ministerio público respondió a la letrada de León de manera contundente: "Se lo que hago y porque lo hago. Si las cartas no son buenas, se intenta agarrarse a las garantías procesales y con el largo speech que nos ha echado". "Como la prueba de conversación de whatssap es demoledora, todo lo que es demoledor hay que quitárselo al fiscal", argumentó. "El contenido del volcado del teléfono móvil estaba autorizado y en esa conversación se reconocen los hechos de manera descarada. No interesa a la defensa, pero se consigen pruebas que inculpan a esta señora. Es que la acusada no se trae aquí de mala manera, es porque se obtiene de manera legal la prueba", apuntó el fiscal.

Después de todas las cuestiones previas, el juez indicó de seguir con el proceso en las jornadas previstas, para este jueves (10:00) y para el próximo miércoles 5 de marzo. Además, dejó abierta la posibilidad de que se alargase algún día más y ya era cuestión de agendar entre todas las partes una nueva fecha si fuese necesaria. De hecho, esto se vería conforme avancen los próximos días de un juicio en el que los acusados declararán en último lugar para poder defenderse.

Francisco Estepa: "Se pagó por una ciudad deportiva que no se hizo"

Entre los testigos de esta primera jornada estuvo Francisco Estepa, administrador judicial y concursal del Córdoba CF entre 2019 y 2021. "Tenia que velar por los intereses de la compañía (el Córdoba CF). La UCO aporta un informe de la ciudad deportiva y paralelamente de la vivienda, lo que era un perjuicio patrimonial para la entidad y se presentase denuncia por los hechos", apuntó ante el juez.

También detestó "movimientos bancarios del Córdoba a Grucal". Con ocho facturas con valor de 1,2 millones de euros, Estepa reconoció que la instalación "no llegó a construirse y nunca tuvo documentación técnica para construirse. Lo único que había era un anteproyecto donde venían partidas de obras con cifras agregadas. Pedimos una copia y jamás se me entregó". "De la documentación se hicieron transferencias en base a facturas porque eran anticipos y no se hizo devolución de anticipos", apuntó el que fue administrador judicial del Córdoba CF.

Por otro lado, explicó Estepa que "no había licencia de obra. Una cosa es una conceción y otra una licencia para un anteproyecto y lo que se revocó fue la concesión para que este espacio público pudiese ser una ciudad deportiva. No vi nunca una licencia de obra, ni a la Fundación ni al Córdoba CF".

Incluso explicó que denuncia porque tenía "una responsabilidad". "No se reclamó porque había sospechas que no se correspondía con la realidad. La fotografía final es que se pagó por una ciudad deportiva que no se hizo, y que sí se hizo la casa", reconoció el que fue administrador judicial y concursal del Córdoba CF.

Por su parte, el responsable de ejecución de algunas de las obras de la Grucal explicó que contaba con "licencia de obra menor". De hecho, explicó que "se hizo el cerramiento, el vallado y el desbroce de parte de la parcela. También se pusieron carteles alrededor de toda la zona en la que se iba a realizar y el pago contemplado era de unos 22.000 euros. Además, más allá del chalé, destacó este trabajador que la empresa de Jesús León realizó la Ciudad Deportiva del Granada y también varias acciones más en los campos del Linares y del Baeza.

Francisco Javier Bernabéu, administrador judicial también en el Córdoba CF, reconoció que "el contrato que se firmó no había mediciones, había facturas y transferencias sin saber materiales ni nada tangible". De hecho, explicó en el primer día de la vista que "no se adjuntaba al contrato ninguna oferta". "Se da dinero para una supuesta ciudad deportiva y no hay materiales", apuntó ante las preguntas de los letrados de los acusados.