Enésimo capítulo el vivido ayer en el ya largo culebrón de la cesión de activos y pasivos del Consorcio de Turismo al Ayuntamiento. El protagonista estelar del último capítulo fue el secretario del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, quien -a última hora de la mañana- remitió un demoledor informe a los grupos municipales en el que deja claro que si la Corporación aprueba hoy en Pleno dilatar la extinción del Consorcio hasta el 30 de marzo de 2017, tal y como pretende el equipo de gobierno, y no acata la resolución que él mismo tomó de extinguirlo por silencio administrativo, se podría incurrir en un delito penal. Concretamente, se refiere a posibles delitos de "prevaricación y a la malversación de fondos públicos por menoscabos y perjuicios que se hayan podido causar o se puedan causar a las arcas públicas, a los derechos de los trabajadores y a los intereses generales del municipio". Lavela insiste en que si la propuesta sale adelante se reserva llevarla a la Fiscalía y que acudirá a la Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo que emitió el pasado 15 de septiembre otro informe dirigido a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, en el que urgía a resolver el problema cuanto antes.

La idea del equipo de gobierno con la demora es que los trabajadores del Consorcio los acabe asumiendo el nuevo ente turístico que proyecta el Ayuntamiento y que, en principio, se pretende que está en marcha para finales de año. Las posturas de los grupos ante la propuesta están claras. PSOE, IU y Ganemos Córdoba votarán hoy a favor, mientras que el resto -PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa (UCOR)- se abstendrán ante la "inseguridad jurídica" que les provoca la situación, según han anunciado. El equipo de gobierno se apoya en otro informe de la responsable de la Asesoría Jurídica Municipal, Mercedes Mayo, que defiende que no existe un plazo concreto para disolver el Consorcio. En su informe, Lavela carga contra las tesis de Mayo y llega a llamar "informes fantasmas dignos del programa televisivo Cuarto Milenio" a dos documentos firmados por ella misma y por el jefe del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba que son totalmente contrarios a lo que defiende al respecto el secretario, unos informes que Lavela denuncia que no les fueron remitidos de forma deliberado "en tiempo y forma".

Ese informe de la responsable de la Asesoría Jurídica Municipal en el que sostiene que no hay fecha para extinguir el Consorcio contrasta con otro documento que dio ayer a conocer el PP, rubricado por la oficial mayor del Ayuntamiento, María Isabel Alcántara, y la Interventora general del Consistorio, Paloma Pardo, contrario como el del secretario a dilatar más allá del 31 de diciembre esa cesión de activos y pasivos del Consorcio al Ayuntamiento, con la extinción total ya de ese organismo turístico. Este documento incide en que el Ayuntamiento debe garantizar que la definitiva extinción del mismo se produzca antes de la finalización del ejercicio presupuestario 2016, "dadas las graves implicaciones que supondría aprobar el nuevo presupuesto general incluyendo a un ente que legalmente no puede existir", tal y como relató ayer el portavoz del PP, José María Bellido, pronunciando palabras recogidas literalmente en ese informe. La oficial mayor y la interventora advierten de que el certificado del secretario del Consistorio que acredita la existencia de un silencio administrativo positivo desde el pasado 31 de agosto, "supondría que la cesión de activos y pasivos habría sido aprobada por el Ayuntamiento y consecuentemente la extinción de la persona jurídica del ente instrumental una vez se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia". Por lo que, tal y como Bellido y su homólogo en UCOR, Rafael Carlos Serrano también indicaron, peligran las nóminas de los trabajadores y el pago a proveedores. "Salvo que el Pleno adopte acuerdo en sentido contrario fundado en derecho y así lo comunique al Consorcio, estas funcionarias se ven imposibilitadas para dar fe de ninguna resolución o acuerdo del citado organismo o autorizar a la realización de ningún gasto que se ocasione con fecha posterior al 31 de agosto", incide el documento de Alcántara y Ballesteros.

El portavoz de UCOR hablaba ayer de que el Consorcio puede quedar en un limbo laboral, mientras que su homólogo en el PP insistió en que "esto se ha gestionado rematadamente mal y ahora nos encontramos con prisas porque la interventora y la oficial mayor dicen que hay que terminar antes del 31 de diciembre" e insistió en que el sí a la demora de la extinción "puede traer graves consecuencias".