Aulas con temperaturas por debajo de la recomendada en los espacios públicos en plena ola de frío, pero con la necesidad de su ventilación para evitar la transmisión por aerosoles del coronavirus. Es el panorama que se repite en las últimas semanas en los centros educativos de la provincia. Ante esta situación, la Junta de Personal Docente No Universitario de Córdoba –entidad que representa a más de 10.000 profesores de la provincia- ha reclamado que se refuerce la climatización y la purificación de colegios e institutos.

Se trata de una de las demandas que se acordó elevar a la Administración educativa en la última comisión permanente de la junta, en la que se puso de manifiesto la “dificultad de asumir las instrucciones dictadas” contra el coronavirus, según han indicado el presidente de este colectivo, Antonio Rafael López.

Ante esta situación, el profesorado ha reclamado que se les dote de equipos y medidas de protección y también la reducción del número de alumnos por aula “para garantizar la distancia de seguridad y, también atender a la diversidad” que hay en las clases.

Esta no es la única demanda que ha hecho la Junta de Personal Docente No Universitaria, ya que también ha pedido que se revise la protección de las profesoras que están embarazadas, ya que están “en el nivel de riesgo 1, el más bajo y es poco prudente”. A su juicio, se trata de un nivel “incorrecto porque no sabemos qué repercusiones puede tener” y estas docentes han de tener “una protección máxima, ya que tratan con niños asintomáticos”. Por ello, ha continuado, “se tiene que hacer una revisión al alza”.

Junto a esta petición, en la citada comisión también se analizó “las dificultades” que existen desde que estalló la pandemia “para comunicarse con la Administración educativa al reducirse la atención presencial”, ha indicado. Tanto, que según ha puesto de manifiesto López, “los centros educativos se sienten muy solos”. “La Administración no ha tenido un refuerzo de personal”, ha lamentado, al tiempo que ha aludido a los problemas que surgen a la hora de acceder a los servicios y la atención telemática.

En esta línea, ha anotado que desde la Delegación de Educación se ha de articular “un cauce preferente para que las organizaciones sindicales puedan atender las demandas ciudadanas, porque hay casos de demora de hasta tres semanas”. Por ello, ha reclamado una mejora de estos servicios.

El último punto que se acordó en esta última comisión se centró en reclamar una cobertura ágil de las sustituciones del profesorado. Según López, “hay bajas que se conocen con anterioridad y no se cubren, cuando se podía hacer al segundo día”. “No son cuestiones sobrevenidas”, ha añadido.