Parece inevitable, vistos los acontecimientos, que no se puede hablar de memoria histórica sin que se genere una polémica. Una polémica, además, que suele estar basada en la anécdota y no en la esencia de que lo busca la ley, que no es otra cosa que verdad, justicia y reparación para las víctimas. En este periódico se han publicado páginas y páginas de todas las actuaciones impulsadas hace años por los movimientos memorialistas para la recuperación de las víctimas que siguen en fosas comunes o en cunetas y para los que se exige un enterramiento digno. Desde este periódico se ha dado cuenta y se ha apoyado siempre su lucha y sus avances en una cuestión que, no nos engañemos, es la esencia de la Ley de la Memoria Democrática, la que impulsó Zapatero en el año 2009 y la aprobada por la Junta de Andalucía en abril de este mismo año. Y es una cuestión que, tampoco nos engañemos, cuesta dinero, mucho dinero, unos 60.000 euros por víctima. Se calcula que en Córdoba hay alrededor de 12.000 fusilados en fosas comunes en la provincia, 4.000 de ellos en los principales cementerios de la ciudad de los que, a su vez, 2.700 están identificados, pero el resto no. La cuestión económica en todo este asunto, todo hay que decirlo, pesa y mucho, porque para conseguir este objetivo es necesaria la implicación real de las administraciones, más allá de la declaración de intenciones. Poner en los presupuestos negro sobre blanco para acometer unos trabajos que son de justicia y en los que no hay polémica ni debate posible.

En el dictamen que ha elaborado la comisión de memoria histórica impulsada por el Ayuntamiento hay un apartado en el que se habla de la necesidad de reparar las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, con acuerdos como firmar un convenio con las distintas administraciones, crear una oficina de víctimas -aunque no se aclara quién sería la administración competente para gestionarla- o poner en marcha desde la Universidad una Cátedra de Memoria Histórica. De todos estos acuerdos, y de más, hemos dado también cuenta en estas mismas páginas durante las últimas semanas aunque hemos titulado, claro que sí, con la propuesta de cambiar el nombre a tres calles -de un listado de un total de 15- que generan controversia entre los ciudadanos: José Cruz Conde, Conde de Vallellano y la plaza de Cañero. En este último caso, la asociación de vecinos ha dicho públicamente que le causa tristeza esta decisión y defiende lo que todos los cordobeses sabemos, que Cañero trasciende al personaje y que, como diría la periodista Irene Contreras, "hoy nadie piensa en represores franquistas al escuchar Cañero".

Quizá deberíamos llegar a un consenso; sería inexplicable ni siquiera intentarlo

Al término de la reunión del miércoles de la comisión de memoria histórica, a los periodistas que allí estuvimos nos leyeron la hoja militar de Cañero -que a mí me puso el vello de punta- y parte de una entrevista en la que asume en primera persona cómo "limpió de rojos" los pueblos por los que fue pasando. Quizá si la gente, los vecinos, supieran esto querrían que su plaza cambiara de nombre. Quizá no. José Cruz Conde, además del alcalde que modernizó la ciudad, fue uno de los que planeó el golpe de Estado en Córdoba. Quizá si los cordobeses supieran este dato querrían borrar ese nombre. Quizá no. Pero, ¿por qué no preguntarles? Ese es uno de los errores que se ha cometido -opinión personal- en este proceso y es muy grave que una formación política proponga que no se cuente con la participación ciudadana para tomar esta decisión a pesar de que estaba previsto en el borrador del dictamen de la comisión.

Quizá deberíamos hacer más pedagogía sobre nuestra historia, quizá nos deberían explicar por qué esas calles y no otras -hay quien dice que se han quedado en el tintero vías con claro pasado represor-, quizá deberíamos llegar a un consenso y buscar una fórmula que permita cumplir la ley y en la que todos estemos de acuerdo. ¿Será posible? Lo que sería inexplicable y difícil de justificar es que ni siquiera se intente.