El comité de empresa de Locsa presentó ayer un conflicto colectivo en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para "aclarar" la política de la entidad. El presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, explicó que con esta medida apuesta por "suspender cautelarmente por seis meses" el traslado forzoso de los 11 empleados que irían a la factoría de Barcelona, puesto que, a su juicio, "no había nada acordado y es una imposición para trasladar obligatoriamente". Pozuelo añadió que con esta medida busca "aclarar" el conflicto de los despidos de noviembre de 2010, "un total de 14 compañeros que fueron despedidos por causas económicas y de producción". "Podríamos pensar que no se hacen las cosas bien y queremos que intervenga la autoridad laboral", indicó.

El comité de empresa también ha acudido al Sercla para "revisar unas 15 bajas voluntarias forzosas con el fin de estudiar si se ha incurrido en alguna ilegalidad", algo que, a juicio del representante de los trabajadores "lo hace la empresa para eludir un expediente de regulación de empleo". Con todo ello, los trabajadores creen que "la multinacional está empecinada y tiene interés en finiquitar esta historia lo antes posible en el sentido de acabar con la producción", precisó Pozuelo, quien apostó por abrir una mesa de negociación en próximos días.

Lamentó también que "no haya noticias de la empresa, cuando es una situación para hablar", por lo que los trabajadores no descartan realizar manifestaciones en próximos días "en función de cómo se desarrolle todo". Así, recordó que la plantilla ha decidido "seguir en la lucha" por mantener sus empleos y la actividad productiva de la fábrica.