Rocío G. A., la parcelista sentenciada a 18 meses de cárcel por edificar en Las Pitas, consideró ayer "injusta" la condena del Juzgado de lo Penal número 4 al argumentar que su vivienda "está rodeada por chalés enormes" que no correrán la misma suerte que su casa, sobre la que pesa una orden de derribo. Su pareja -F. M. M.- también ha sido condenado a 18 meses y entre ambos deberán de pagar una multa de 5.400 euros. La construcción de la casa comenzó en junio de 2006, en pleno debate sobre los delitos urbanísticos al coincidir con la operación Malaya y varios años después de que la Delegación de Cultura ampliara la zona considera Bien de Interés Cultural (BIC) junto al yacimiento arqueológico.

"La Junta no ha puesto ningún tipo de medida de advertencia, como carteles para señalar que construir allí puede considerarse delito", afirmó la propietaria, que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal ante la Audiencia. La pareja se ayudó de familiares y amigos para construir la vivienda, de una sola planta y una superficie de 40 metros cuadrados. "Era una casa para primera residencia. Si hubiéramos sabido el problema que se nos venía encima, no habríamos puesto ni un solo ladrillo", dijo ayer convencida. Los padres de Rocío G. A. "llevan muchísimos años viviendo en Las Pitas y nunca han tenido problemas". Ellos mismos, al iniciar las obras, contaban con que tendrían que afrontar una sanción administrativa, como otros tantos parcelistas que levantan casas sin permiso, reconoció la mujer.

La primera advertencia que recibieron los propietarios fue la orden de la Delegación de Cultura para paralizar las obras: "Desde ese momento no pusimos ni un ladrillo más", dijo la parcelista, quien insistió en que la zona cuenta con "todos los servicios". Las calles, de hecho, están señalizadas, Sadeco recoge la basura regularmente y Correos deja la correspondencia a diario. "Incluso se aprobó un proyecto de saneamiento, así que nunca sospechamos que lo que estábamos haciendo podía ser tan grave", se excusó la mujer.

El Juzgado de lo Penal número 4 ha sido hasta el momento el único que ha condenado a parcelistas de Medina Azahara por delitos urbanísticos. Sus tesis contrastan con las del resto de penales de Córdoba e incluso con las resoluciones de la Audiencia Provincial, que han sido unánimes hasta el momento al absolver a propietarios de Las Pitas de los delitos contra la ordenación del territorio.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña, manifestó ayer que las órdenes de derribo junto a los restos de la ciudad palatina "forman parte de un nuevo escenario y un mayor rigor contra las irregularidades urbanísticas". Ocaña confió en que las dos sentencias condenatorias que hasta el momento han recaído en Las Pitas "disuadan" a los parcelistas de edificar en el futuro y dijo que la lucha contra este tipo de delitos es una "responsabilidad compartida". "El mensaje claro y rotundo que desde el Ayuntamiento lanzamos es que quien comete una infracción urbanística, tiene que asumirla", concluyó el responsable de la Gerencia. Ocaña dijo, además, que el argumento esgrimido por los parcelistas "es muy peregrino y poco creíble a estas alturas".