Nuevo hito en la lucha contra los delitos urbanísticos en Córdoba. El Juzgado de lo Penal número 4 ha condenado a una pareja de parcelistas a tres años de prisión y a una multa de 5.400 euros por construir una vivienda en la parcelación de Las Pitas, próxima a Medina Azahara. Los propietarios, además, tendrán que demoler la vivienda, que fue levantada en 2006, cuando el debate sobre el urbanismo se encontraba en todo su apogeo debido a las consecuencias de la operación Malaya. Se trata de la tercera vez en que un juzgado penal ordena el derribo de una parcela en la provincia y, por segunda vez, el chalé se incluye en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por su cercanía a la ciudad palatina.

La sentencia considera probado que los procesados -R. G. A. y su pareja, F. M. M.- son los propietarios de un terreno donde, a partir de junio de 2006 y pese a tener conocimiento de que la zona se encontraba protegida, construyeron una vivienda de 40 metros cuadrados de planta. El fallo -que aún no es firme- subraya que los acusados no solicitaron licencia de obras ni pidieron autorización a la Delegación de Cultura, institución que en octubre de aquel año dictó una resolución para paralizar las obras.

La línea argumental que la defensa siguió durante la vista oral es que los parcelistas desconocían las consecuencias penales de edificar en aquella zona, una tesis que la titular del Penal 4, Inmaculada Nevado, descarta de manera tajante: "Cualquier persona media, dada la repercusión mediática y social" que tuvo la ampliación de la zona BIC en 2003 -argumenta la juez- "conocía la ilegalidad de la realización de nuevas construcciones".

La titular del juzgado sigue, de esta forma, la misma línea que ya expuso en su primera sentencia condenatoria en Las Pitas. La magistrada también recuerda que, desde hace cinco años, se llevan a cabo actuaciones públicas y de control más contundentes que en tiempos anteriores para evitar la proliferación de "ataques" al valor paisajístico y medioambiental en las inmediaciones del conjunto arqueológico. Para la juez, por tanto, los acusados incurrieron en un delito contra la ordenación del territorio.

En la parcelación de Las Pitas, no hay carteles que advierten de que no se puede construir porque se trata de un lugar declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía (BIC). El servicio de Correos llega con normalidad, Sadeco recoge la basura regularmente y las calles se encuentran señalizadas. Éstos fueron los argumentos que utilizaron los dos procesados durante la vista oral para argumentar ante el juez por qué a mediados de 2006 iniciaron las obras.

R. G. A. precisó que la construcción la llevaron a cabo entre amigos y familiares y que realizaron una "casita". Contó, además, que ni durante el tiempo de la construcción ni antes había oído hablar de que no se podían realizar obras en este espacio ni que era necesaria una licencia, pese a que había vivido en esta parcelación desde años antes con sus padres. Su marido, F. M. M., se expresó de manera similar y argumentó que no tenía conocimiento de que lo que estaban haciendo podía considerarse delito.