La parcelista de la zona de la Sierra conocida como Cerro de San Cristóbal a la que el pasado abril le derribaron su casa como consecuencia de una infracción urbanística ha vuelto a ocupar el solar con una nueva vivienda. En esta ocasión, como desveló ayer Radio Córdoba, no se trata de un inmueble provisto de cimentación y una altura de dos plantas, como el anterior, sino que es una casa portátil de apenas 50 metros cuadrados de superficie, un formato que también podría ser objeto de una sanción urbanística similar, según el acuerdo adoptado por el pleno de magistrados de la Audiencia Provincial. La nueva vivienda, cuyo valor en el mercado ronda los 10.000 euros y que no requiere anclajes ni cimientos de ningún tipo, dispone de dos dormitorios, una cocina, una pequeña sala de estar y un aseo con una placa de ducha, un lavabo y un váter. La casa, a diferencia de la que fue demolida hace poco más de medio año, carece de los servicios básicos de agua y electricidad.

Esta casa portátil se ha convertido en cualquier caso en el hogar habitual de la persona que pasará a la historia como la primera cordobesa condenada al derribo de una vivienda de la capital -la primera de la provincia se produjo en la localidad de Obejo-. La parcelista, Francisca Rodríguez, según la información facilitada a El Día por ella misma, ha residido en los últimos meses en el piso de sus hijos en Barcelona y en el de otros familiares, así como en una caravana de pequeño tamaño que aún permanece ubicada en uno de los extremos de la parcela.

Este caso guarda cierto parecido con otro que se registró en Lucena en el verano de 2006 y que concluyó el pasado octubre con la orden de derribo de una casa portátil fabricada en madera. Al margen de la demolición de esta propiedad, el juez también condenó al parcelista con seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otra pena de la misma entidad por desobediencia a la autoridad. En aquella ocasión, los técnicos presentaron la primera denuncia en agosto de 2006 y el precinto de la vivienda no se produjo hasta el mes de septiembre de 2008. El juez incluyó en el auto la actitud "rebelde" del parcelista lucentino.

El único vacío legal al que se podría acoger la vecina del Cerro de San Cristóbal tiene que ver con el hecho de que la vivienda portátil que ha instalado carece de anclaje. Sin embargo, existen condenas precedentes en otras provincias en las que se ordenaron derribos de casas similares a ésta.