Lejos de ser un proceso fosilizado, el fenómeno de las parcelaciones ilegales en Córdoba capital y la provincia muestra nuevos signos de vitalidad. Así se desprende al menos de la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía, hecha pública este jueves, que constata un repunte de los delitos contra la ordenación del territorio durante el año 2021. El numero de diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público ascendió a 150, frente a las 64 del año anterior, lo que implica un repunte del 57% en solo un ejercicio.

El fiscal explica que la mayoría de los procedimientos se refieren a "edificaciones ilegales" en el término municipal de Córdoba, aunque también se observa "presión urbanística" en distintos municipios de la zona Sur de la provincia, fundamentalmente en Cabra, Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba. De manera paralela al incremento de las diligencias, la Fiscalía observa un "incremento de las sentencias condenatorias", lo que supone "romper la tendencia" de años anteriores.  

Los delitos contra la ordenación del territorio "tienen una fuerte presencia en el término municipal de Córdoba, porque desde finales de la década de 1970 el crecimiento de la ciudad se ha producido sin respetar el modelo de urbe compacta mediterránea que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (PGOU)", aprecia el fiscal. Esto ha hecho crecer la ciudad de un "modo descontrolado" a base de urbanizaciones de "escasa calidad, sin equipamientos ni zonas verdes".

"A veces se ha llegado a construir en zonas inundables, en zonas de peligro extremo de incendio e incluso en los alrededores de la ciudad califal de Medina Azahara", ahora declarada Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, explica el fiscal. Esto ha hecho que en la ciudad "existe un fuerte asociacionismo de los propietarios de viviendas en situación de ilegalidad, que demandan servicios básicos y realizan medidas de presión como manifestaciones o cortes de calles", observa el Ministerio Público.

La sección especializada en ordenación del territorio y medio ambiente está integrada por la fiscal delegada y dos fiscales. Compatibilizan la especialidad con la llevanza de sendos juzgados de instrucción, guardias y reparto de juicios, lo que implica que no se puedan dedicar a pleno rendimiento a la lucha contra este tipo de infracciones.

En todo caso, la memoria anual da cuenta de un buen número de diligencias instruidas. Respecto a los delitos contra el medio natural, el Ministerio Público destaca los referidos a la contaminación de ríos por aguas residuales y a los vertidos del residuo de las cooperativas olivareras de la provincia, el llamado alpechín. También se ha abierto una instrucción por por derribo, traslado, ocupación, desvío y construcción de muros de piedra y otras actuaciones de usurpación de la Cañada Real Soriana. 

En cuanto a los delitos contra el patrimonio histórico, durante 2021 se incoaron 14 procedimientos judiciales, entre ellos uno relativo al hallazgo de un "importante yacimiento ibero" que habría sido expoliado con la extracción de varias figuras de animales "de excepcional valor arqueológico".

También vigilan los delitos contra la flora y la fauna. En este apartado, la mayoría de los ilícitos "se han producido en el contexto de la actividad cinegética, debido al uso de costillas y redes japonesas en el ámbito rural". Los fiscales aprecian un incremento de este tipo de procedimientos", que se suelen cerrar con sentencias de conformidad con los investigados. Los fiscales, por último, también dedican parte de su tiempo a investigar casos de maltrato a animales domésticos. En este apartado, explican que las conductas objeto de denuncias recibidas suelen referirse a maltratos a mascotas o, en el ámbito rural, relacionadas con la falta de condiciones higiénico sanitarias y omisión de cuidados en perros, rebaños o caballos.