Sara Pérez, la mujer que ocupa una vivienda en la zona de El Brillante de Córdoba junto a su familia es tajante: "Hasta que nuestros hijos no tengan techo, no nos vamos". Así lo ha expresado a el Día a las puertas de la vivienda a la que entró el pasado 8 de julio junto a su marido y sus tres hijos, dos niños de diez y cuatro años y una niña de siete. 

La casa es un chalé de dos plantas de casi 300 metros cuadrados, piscina y jardín que tiene un precio de 400.000 euros, según la web de Idealista, que lo tuvo en promoción en el año 2014, y que pertenece a un grupo inversor con sede en Luxemburgo. Sara abre las puertas de la que ahora es su vivienda, aunque sabe que no le pertenece. "La propiedad no es mía", afirma, mientras muestra una carpeta organizada con toda la documentación que, a su juicio, avala que "no estamos ilegales". 

Se trata del empadronamiento en el Ayuntamiento de Córdoba, que asegura pudo hacer sin el contrato de alquiler y que data del 19 de julio a las 12:58, un contrato y una factura de Emacsa del día 26 de julio por 49 euros y una de luz con la compañía de electricidad. "Sabía lo que iba a pasar y por eso estoy documentada, no tengo nada que ocultar ni que temer", asegura. 

Sara y su marido, Enrique, solían vivir en el Polígono Guadalquivir y trabajar como camarera y albañil, aunque ahora mismo no tienen empleo. "No tenemos ingresos, a veces no tenemos para comer, pero no estamos robando a nadie ni vendiendo sustancias", afirma, al tiempo que asegura, y muestra una vez más la documentación, que ha pedido poder acceder a una vivienda VPO en Vimcorsa desde el año 2012 y no ha tenido éxito. 

Exterior de la vivienda.

"Si a mi me dan una vivienda yo me voy, yo no estoy acostumbrada a vivir en lujo pero no me voy sin vivienda digna para mis hijos y un trabajo; no quiero dinero, pero no voy a vivir en la calle", asegura Pérez, que no ha dudado en invitar a el Día a pasar al interior de la vivienda. En la sala, iluminada solo por la luz que entra por las ventanas, tiene un sofá, una mesa con un televisor antiguo y la puerta que da al jardín con la piscina. La cocina y las habitaciones están en la segunda planta y el garaje de la casa sirve de trastero. 

La mujer ha expresado, además, haber sido víctima de violencia de género por parte de su exmarido, que además es el padre de su hijo mayor, y critica que pese a haber denunciado los hechos no ha recibido ayudas. 

Las quejas de los vecinos

La otra cara es la de los vecinos de la zona, que han preferido que no se publiquen sus nombres y que expresan que "no podemos dormir, estamos tomando ansiolíticos, vivimos con miedo y desesperanza", por no saber cuándo se podrá solucionar la situación "de manera favorable para todos" ante las ocupaciones de viviendas que se están produciendo.

Asimismo, denuncian que se han realizado fiestas "de hasta 50 personas" los fines de semana, cuando "entran y salen coches constantemente", que la piscina "se llena constantemente con agua potable porque tiene una fisura" y se hacen hogueras que "constituyen un peligro por las parcelas vacías con pasto seco" de la zona. 

Al respecto, los nuevos inquilinos de la calle comentan a este periódico que "hace tres semanas hicimos una fiesta de cumpleaños familiar, entraron una furgoneta y un Ford, no tenemos coches", y asevera que "los fines de semana vienen a traernos comida", mientras critica que por esta situación este martes "estuvo una patrulla de la Policía Local parado toda la tarde aquí". 

Parte del jardín de la casa.

Y es que, según explican desde el Consejo de Distrito Norte Sierra, la denuncia a las autoridades debe hacerse por parte del propietario del inmueble para que los cuerpos de seguridad puedan actuar. El representante del Consejo de Distrito, Juan Gregorio Ramírez, se reunirá con Isabel Albás y Miguel Ángel Torrico esta semana para "buscar una solución" al problema, aunque los vecinos de la zona consideran que "mientras no se pongan medidas las reuniones no sirven de nada". 

En estos casos, "la justicia es lenta" se quejan los vecinos, que han visto como "en otras calles la Policía ha podido desalojar ocupaciones" y "mientras nosotros estamos asustados e intimidados". A estas declaraciones Sara Pérez también ha contestado: "tienen miedo a qué, a unos niños", y además asegura que "los vecinos me ayudaron con agua potable cuando no tenía contrato". 

Los vecinos expresan que "somos trabajadores, no somos grandes empresarios, a todos los vecinos nos ha costado comprar o construir nuestras viviendas, la mayoría con ahorros de toda la vida" y afirman que la situación "no es cuestión de ricos y pobres, todos queremos que ellos tengan una vivienda, pero se está alterando la convivencia en el barrio", donde, afirman, "los mayores ya no salen como antes, la calle parece un desierto". 

La Policía Nacional de Córdoba, como adelantó este periódico, ha reforzado su presencia en el barrio de El Brillante y la Sierra ante las denuncias de ocupaciones ilegales de viviendas que han recibido por parte de los habitantes de esas zonas. Así lo han confirmado desde el cuerpo de seguridad y han agregado que la labor de vigilancia arrancó a principios del mes de agosto.