La Policía Nacional de Córdoba ha reforzado su presencia en el barrio de El Brillante y la Sierra ante las denuncias de ocupaciones ilegales de viviendas que han recibido por parte de los vecinos. Así lo han confirmado desde el cuerpo de seguridad a este periódico y han agregado que la labor de vigilancia arrancó a principios del mes de agosto.

Las patrullas por parte de los agentes del área de Seguridad Ciudadana se ha intensificado desde hace unas semanas "en esa zona en concreto" pues, según las fuentes de la Policía Nacional consultadas por el Día, los chalets "son llamativos" para los ocupas, por lo que los agentes "se están preocupando" por esa zona. Además, muchos de ellos están desocupados y pertenecen a entidades bancarias.  

Asimismo, la Policía Nacional ha asegurado que, aunque continúan las labores de vigilancia, la situación se investigará "cuando haya una denuncia" y han querido recordar que las ocupaciones ilegales corresponden "a un delito civil y no uno penal".

Al respecto de esta situación, este martes 24 de agosto la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, que en este momento se encuentra en el puesto de la alcaldía, ha asegurado que desde el equipo de gobierno "estamos trabajando en ello porque si bien es un problema que en Córdoba no es especialmente acuciante, por lo visto está siendo más complicado ahora en esa zona", ha admitido. 

Albás ha afirmado que están en conversaciones con el Consejo de Distrito para tomar las medidas pertinentes de acuerdo a la situación actual y "tomar las decisiones que realmente solucionen este problema", ha asegurado. 

El grupo municipal de Vox ya ha denunciado la situación tras haber recibido quejas de los vecinos y ha asegurado que en agosto "tenemos constancia de entre seis y ocho" ocupaciones en la zona de la Sierra, aunque aseguran que "son más porque en otros barrios también se están produciendo". 

Al respecto, el viceportavoz del grupo, Rafael Saco, ha pedido al cogobierno de PP y Cs que “se actúe en lugar de mirar para otro lado porque los vecinos se sienten solos y desamparados ante unos hechos que dificultan la convivencia en la zona y que además les hace vivir con miedo”.

Desde Vox han pedido la convocatoria de la Junta Local de Seguridad "para coordinar recursos y actuaciones" ante este respecto y el "incremento de la inseguridad y de ciertos delitos en Córdoba" y han exigido "el endurecimiento de la legislación con el objetivo de permitir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar de manera inmediata contra quienes cometen este tipo de prácticas delictivas". 

Media de 17 ocupaciones al mes

En los primeros meses del año 2020 Córdoba registró una media de 17 ocupaciones al mes, un total de 105 ocupaciones ilegales de enero a junio del año pasado, según los datos del Ministerio de Interior recogidos en la web especializada en seguridad VPS. 

Según este estudio, el perfil de los ocupantes varía. Desde "gente sin techo, familias desalojadas por impagos, personas que pagan a las mafias para conseguir alojamiento a bajo coste, colectivos antisistema y que reivindican el acceso a una vivienda digna, sin olvidar a los traficantes con sus famosos narcopisos". Normalmente, agregan, "buscan inmuebles deshabitados en edificios o zonas con pocos vecinos, para que la ocupación pase inadvertida o inmuebles que no tengan medidas de seguridad porque es más fácil ocuparlos".

Una vez que se ha producido la ocupación de una casa, las opciones para el propietario van desde interponer una denuncia, negociar una salida rápida o utilizar algún servicio privado de desocupación, que han sido, en ocasiones, tema de controversia.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior elaboró a finales del pasado año un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales de inmuebles para Policía Nacional y Guardia Civil que homogeneiza y mejora la respuesta policial y garantiza que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.

Tanto en el caso de primera como de segunda vivienda, y constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede, según el Ministerio.