José Antonio Nieto: “No se puede señalar un juicio a tres años vista, porque eso es la ‘antijusticia”

Córdoba/El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, atiende a esta entrevista en la sede de la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de reunirse con la nueva juez decana, Eva Álvarez. Con ella ha repasado algunos de los muchos retos, pero también déficits, a los que se enfrenta en estos momentos, con la transformación de los tribunales de instancia como principal cambio. El sector está revuelto; solo unas horas después de la entrevista, la presidenta del Tribunal Supremo reiteraría las quejas de los jueces por el señalamiento de los magistrados que participan en los casos más mediáticos, que considera un intento de erosionar el Poder Judicial.

Pregunta.Estamos en un momento convulso en la Justicia, con quejas de todos los operadores jurídicos, especialmente los jueces. Por la falta de medios y por los ataques que denuncian.

Respuesta.En materia de Justicia nunca ha habido una etapa de paz, porque siempre hay necesidades que no se cubren, iniciativas que no se entienden muy bien y, sobre todo, porque la gestión de la Justicia es muy compleja, muy poliédrica. Cada uno de los operadores jurídicos tiene una visión, y muchas veces esa conjunción de visiones nos lleva a no tener claro que la fundamental es la del ciudadano; todo lo demás tiene que ordenarse y organizarse para cubrir sus necesidades. A veces cuando uno oye determinados planteamientos se da cuenta de que lo último que se está pensando es en la calidad del servicio al ciudadano. Eso ocurre cuando hablamos de las demandas de los operadores jurídicos, pero también cuando vemos iniciativas legales que tienen como objetivo evitar determinada presión judicial sobre determinadas personas o determinados organismos. Como la última iniciativa del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, sin precedentes. No recuerdo algo tan palmario, tan flagrante en la justificación de una necesidad perentoria que tienen ahora mismo por asuntos que le acucian. Y todo eso pone el foco sobre la Justicia. A mí me gustaría que se hablara del esfuerzo enorme que hacen los jueces, cómo se implican dedicando horas y horas, el sobreesfuerzo que hacen.

P.La imagen de esos jueces se ha visto socavada al ser señalados incluso con nombres y apellidos por parte de representantes políticos, de todos los colores.

R.Yo tengo clarísimo que no todos los partidos políticos han señalado a jueces en la tribuna de las Cortes ni en un acto público, el mío no. Lo que tenemos que hacer es proteger la imagen de los jueces, no se puede atacar genéricamente. La independencia judicial es esencia de la democracia desde Montesquieu. Cuando se intenta romper esa frontera, la calidad democrática pierde, y lo estamos viendo en Venezuela, cuando la Corte Suprema dice que ha ganado las elecciones Maduro sin haber presentado ni un solo documento. Eso ocurre cuando el poder ejecutivo se apodera del poder judicial y todo lo que quiera el poder ejecutivo se lo va a ratificar el poder judicial.

P.¿Y cree que eso puede pasar en España?

R.Creo que en España, afortunadamente, ni está pasando ni puede pasar, pero sí que hay quien está intentando socavar esa línea muy clara que separa el poder ejecutivo del judicial. Hay un dato que lo evidencia: tenemos en España un ministro que es ministro de Presidencia (ejecutivo), Relaciones con las Cortes (legislativo) y de Justicia, y es la misma persona. Pedro Sánchez no fue capaz de disimular y dijo quiero evidenciar que quiero saltarme la división de poderes. Y me parece que esa no es la línea. Se tienen que dar muchos más pasos para garantizar que el poder judicial es un poder independiente, que no está sujeto y sometido al control del Gobierno. Eso tiene mucho que ver con la elección del Consejo General del Poder Judicial. La Unión Europea está insistiendo en que es necesario establecer una norma que permita que los jueces elijan a su órgano de gobierno y que puedan tomar decisiones de manera independiente.

P.Esa reforma del CGPJ lleva muchos años pendiente, la pudo ejecutar el PP cuando gobernó.

R.Bueno, es que no son las mismas cosas. Se ha alcanzado un acuerdo para la renovación de los miembros del Consejo, con una cláusula que obligaba a que en un periodo de seis meses el nuevo CGPJ hiciera una propuesta de renovación futura de ese órgano que garantizara la independencia del Poder Judicial. Estaba a punto de cerrarse un acuerdo y los miembros autodenominados progresistas del Consejo General la han bloqueado a instancia del ministro de Justicia. Nosotros lo que queremos es buscar un sistema en el que ese órgano de gobierno judicial salga de la voluntad de los jueces y además tenemos la posibilidad de establecer, cumpliendo la Constitución, una ratificación de las Cámaras, tanto el Congreso como el Senado, con medidas de seguimiento para que no sea un órgano que pueda hacer lo que considere, sino que haya un control por parte del poder legislativo.

Se tienen que dar muchos más pasos para garantizar la independencia judicial. Es necesario establecer una norma que permita que los jueces elijan a su órgano de gobierno"

P.El gran reto de la Justicia para este año es aplicar la Ley de eficiencia, con el cambio a los tribunales de instancia. Andalucía anunció su intención de hacer un proyecto piloto en el Campo de Gibraltar. ¿Cómo se va a desarrollar finalmente esa modificación?

R.Queríamos que en el Campo de Gibraltar hubiera un tribunal de instancia que integrase cuatro partidos judiciales: Algeciras, La Línea, San Roque y Barbate, para tener un órgano con fuerza para enfrentarse a las organizaciones del narcotráfico. El Ministerio nos dijo que, ante la proximidad de la aprobación de la ley, desarrolláramos este proyecto al mismo tiempo que el resto de tribunales de instancia de Andalucía. Pero nos impidieron crear ese gran tribunal porque no aceptaron una reforma en la Ley de eficiencia, que era la posibilidad de integrar más de un partido judicial en un único tribunal de instancia. Eso impide crear ese gran tribunal de instancia que dé seguridad a los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que pueda resolver sus problemas normales pero que también tenga fuerza para abordar ese choque permanente con el narcotráfico. Una contradicción, porque el gran objetivo de la ley es que la Justicia se modernice pasando de los órganos unipersonales a órganos colegiados. Esa es la clave.

P.Pero hay partidos judiciales unipersonales.

R.Así es. En el caso de Córdoba tenemos en Baena, un juez. En Priego, un juez. Van a ser tribunales con un juez. Eso es una gran mentira. Eso se puede salvar permitiendo agrupar los partidos judiciales en un solo tribunal sin tener que quitar los juzgados de los municipios. Y que, por ejemplo, Baena, Cabra, Lucena y Priego pudiesen ser un tribunal de instancia en lugar de una suma de mini-tribunales que realmente no lo son, porque un tribunal como mínimo tiene que tener tres magistrados. Tendríamos un tribunal de instancia con siete jueces que nos permitiría tener especialización, dedicando la mitad a los asuntos civiles y la otra mitad a los penales y violencia sobre la mujer. Especializamos a los jueces, a los funcionarios y damos una mejor calidad de servicio a los ciudadanos manteniendo las cuatro sedes. Lo seguiremos intentando y espero que pronto, cuando gobierne el PP, se pueda hacer esa enmienda.

P.¿En qué plazo estará realizado el cambio a tribunales de instancia?

R.El 31 de julio tenemos que tener transformados 70 de los 85 partidos judiciales en Andalucía, los que tienen hasta 7 jueces. De esos 70, hay 15 partidos que tienen un juez y otros 15 tienen dos. Esa transformación no es una transformación real. Cuando se termine, le habremos dado una Justicia de primera a los grandes municipios, pero seguirán teniendo una de segunda los pequeños, porque van a tener una ratio y una optimización de los recursos que no van a ser adecuadas. En Córdoba nosotros podríamos haber ordenado nuestros 10 partidos judiciales en 3 o 4 tribunales de distancia, bien dimensionados, especializados, con las competencias distribuidas, con garantía para que los jueces pudieran hacer la guardia de fin de semana en unas condiciones razonables. Andalucía tiene que estar entre las primeras, que a 1 de enero del 26 ya tenga la transformación en tribunal de instancia completamente hecha.

P.¿Y en el partido judicial de la capital, cómo se reflejará el cambio?

R.En Córdoba capital va a haber un planteamiento de la funcionalidad radicalmente distinto. Vamos a tener que hacer una actuación muy importante en el propio edificio, porque ahora se cambian las zonas, los despachos, se reordenan y unifican, los jueces van a estar todos en un mismo espacio en función de su jurisdicción, porque van a tener que deliberar mucho más. Ya no se va a producir eso del juzgado número uno resuelve de esta forma y el juzgado número tres de otra completamente distinta, se busca una doctrina de origen común. Para la calidad de la Justicia del ciudadano sin duda es una mejora. Y la organización será más flexible y mucho más eficiente en cuanto a la manera de gestionar los recursos, se van a dar menos problemas, por ejemplo, cuando haya una baja. Se repartirá mejor la carga de trabajo.

Andalucía tiene la renta per cápita y el salario medio más bajos de España, no puede tener a los funcionarios mejor pagados. Creo que eso es lógico, ¿no?”

P.En el caso de los juzgados de la provincia de Córdoba hay un importante problema de falta de funcionarios de Justicia.

R.En cuanto a los funcionarios, a lo mejor están mal distribuidos, pero no es verdad que falten. En las comparativas que hace Eurostat, que analiza todos los servicios de Justicia de Europa, a nosotros siempre nos sale que estamos por debajo de la media en jueces y muy por encima de la media en funcionarios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reordenar, asignar los funcionarios que necesitamos a los sitios donde los necesitamos. Los pueblos pequeños tienen más problemas de funcionarios porque estos piden plaza en otros sitios. Igual tenemos que ser más exigentes a la hora de garantizar la cobertura de esas plazas en esos juzgados pequeños y reordenar bien los equipos; por supuesto, sin despedir a nadie, pero garantizar que a nadie le falte la asistencia que necesita. Creo que lo podemos hacer desde el diálogo con las organizaciones sociales. Lo prioritario es que al ciudadano se le trate y se le atienda en un plazo razonable.

P.Andalucía está apostando fuertemente por la mediación. ¿Es buena parte de la solución al colapso judicial?

R.¿Cómo se resuelve el problema de carga de trabajo de los juzgados en Andalucía? Por una parte, organizando los recursos mejor, ahí están los tribunales de instancia. Otro tercio tiene que ser un incremento del número de jueces, porque estamos muy por debajo de la ratio que necesitamos, el Ministerio tiene que ser consciente de que Andalucía necesita muchos jueces. Y luego, otro tercio se puede resolver con la mediación, que está pensada y orientada para una tipología de casos muy concreta: los asuntos de una cuantía no excesiva, los delitos leves, los asuntos de convivencia en un bloque de pisos, los problemas de familia... En este momento en los juzgados de familia hay un número no bajo de asuntos que tienen que ver con si el niño hace o no hace la comunión. Tenemos que intentar que eso se arregle por otra vía. Ahí puede actuar la mediación, que está teniendo una respuesta magnífica.

P.Y evitar así que se estén señalando juicios para 2027 o 2028, como ocurre en lo Social.

R.Hoy la Justicia en Andalucía tiene mejores números, está mejor que en 2022, pero tiene que estar mucho mejor. No nos podemos conformar con una pequeña mejoría. No se puede señalar un juicio a tres años vista, porque eso es la antijusticia.

P.Los funcionarios andaluces reivindican un incremento salarial del 10% para paliar la pérdida de poder adquisitivo. ¿Hasta dónde tiene previsto llegar la Junta de Andalucía?

R.Ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer una propuesta determinada con los argumentos que consideren, unos más reales que otros. El otro día me decían varios funcionarios, “somos los que menos cobran de España” y yo les decía que no lo son, por lo menos con los datos de la Junta y el Ministerio. Pero en cualquier caso, Andalucía es la comunidad autónoma con la renta per cápita más baja de España, con el salario medio más bajo de España, no puede tener a los funcionarios mejor pagados. Creo que eso es lógico, ¿no? La obligación que tenemos desde la administración es ayudar a incrementar la riqueza colectiva y conforme suba esa riqueza colectiva, pues habrá un beneficio también para los funcionarios. Tenemos que ser conscientes de dónde vivimos y de cuál es nuestro contexto económico y cuál es el margen de maniobra que tiene un Gobierno.

P.¿Y cuál es el margen de maniobra?

R.Pues mire, muy poco. Muy poco porque tenemos unas necesidades muy evidentes que todo el mundo pone de manifiesto en materia sanitaria, educativa o de dependencia.

P.¿Eso significa que los funcionarios se pueden olvidar del aumento salarial?

R.Eso significa que los funcionarios harán lo que saben hacer, que es ser responsables, ser coherentes, saber cuál es el entorno en el que están y saber dimensionar sus pretensiones a ese entorno. Tenemos más de 330.000 funcionarios. Subir 100 euros al mes a los funcionarios, multiplicado por 14 pagas y con la carga social que tiene, estamos hablando de muchos cientos de millones de euros.

La Estrategia para el desafío demográfico tiene un punto de partida: o a ese más del 50% de Andalucía del ámbito rural le damos un tratamiento especial o vamos a tener un problema dentro de muy poco"

P.¿Cuándo estará lista la Estrategia frente al desafío demográfico?

R.La vamos a presentar pronto. Se ha hecho un trabajo muy exhaustivo, con muchos especialistas de universidades, alcaldes. Va a ser una estrategia que se desarrolle desde todas las consejerías con una referencia clara: o a ese más del 50% de Andalucía del ámbito rural le damos un tratamiento especial o vamos a tener un problema dentro de muy poco.

P.¿En qué se traduciría ese tratamiento especial?

R.Por ejemplo, una de las cosas que hemos percibido es que en los pequeños municipios no hay vivienda disponible. En los grandes es cara, pero hay. En los pequeños se te ocurre irte a vivir y teletrabajar y cuando llegas a un pueblo con poca población no encuentras casa. Los pueblos tienen que tener claro que tiene que haber un repositorio de vivienda disponible y que se pueda publicitar. Y también que es importante difundir la información. Queremos que haya un portal que te facilite ir a vivir a un entorno rural, un buscador de opciones. Porque la vivienda está carísima, pero no en los pueblos. La ratio en los colegios está alta, pero no en los centros rurales. Hay que hacer una promoción positiva. Una estrategia en positivo, porque como no vas a conseguir nunca que la gente quiera ir a vivir a un pueblo es si lo único que ve de él es que su alcalde y los cuatro que viven allí se quejan de que no tienen nada. Por ejemplo, una de las cosas que hemos detectado que se demanda es un gimnasio.

P.¿Y cómo se financian esos cambios?

R.No es tan caro. La Junta tiene que ayudar, los ayuntamientos tienen que derivar recursos ahí. Es una cuestión de priorizar. Un año dices, en vez de arreglar este tramo de calle, voy a arreglar una vivienda, porque sé que para mi pueblo es fundamental que la rehabilite y la ponga en ese portal que me da la Junta y que me puede traer a un ciudadano que me va a pagar un alquiler, o sea que no es gratis. Y que puede ser un vecino más de mi pueblo. Los alcaldes saben priorizar perfectamente. Si todo el mundo pasara una temporada por una Alcaldía, resolvíamos los problemas de este país.