¿Qué balance hace de su segundo mandato al frente de la Junta de Personal Docente No Universitaria?

–Un balance marcado por el trabajo duro pero también por la pandemia. Pese a las limitaciones sanitarias, los representantes sindicales hemos realizado decenas de reuniones y centenares de visitas a los centros educativos. También hemos elevado un sinnúmero de demandas, consultas y resoluciones a la Delegación de Educación, y ante la frecuente falta de soluciones, hemos tenido que visibilizar nuestras preocupaciones a través de movilizaciones y de apariciones en medios. Hemos intentado estar siempre cerca de los docentes, asistiéndolos ante cualquier instancia, incluso ante la judicial. Buena parte de ellos así lo han sentido igualmente y que eso también ha tenido que ver para que la participación en las pasadas elecciones sindicales en Córdoba haya sido la más alta de toda Andalucía.

–Ha representado en los últimos diez años a más de 10.000 docentes. ¿Cómo lo ha gestionado?

–La presidencia de la Junta de Personal docente no es un peso, en absoluto, pero sí que es una enorme responsabilidad: una responsabilidad que tiene que ser grande porque es grande el honor de representar a todo el profesorado de la pública y porque es grande el compromiso de velar por un elemento tan crucial como la escuela. En un colectivo tan rico y tan diverso como el nuestro, con sensibilidades sindicales que guardan puntos convergentes y otros bien distintos, he intentado impulsar y defender los consensos como modo de generar sinergias, más allá de los lógicos perfiles que cada organización tiene, claro. Y que lo he intentado hacer con elegancia en las formas y con solidez en los argumentos porque creo que la firmeza y la buena educación, más aún en nuestro ámbito, son la mejor carta de presentación que podemos tener.

–Tras su elección en 2019, aseguró en una entrevista a 'El Día' que uno de sus retos iba a ser el de “poner a la educación pública en el lugar que le corresponde”. ¿Se ha conseguido alcanzar ese reto?

–En parte, sí. Tenemos muy fresca la imagen de todos esos docentes reinventándose, literalmente de la noche a la mañana, para que nuestros niños y jóvenes pudieran seguir formándose en medio de una crisis que paralizó todo un país, pero no a su profesorado. Porque, desde el aula más humilde hasta el centro de mayor tamaño y todos a una, nuestro colectivo dio un ejemplo sin parangón de excelencia en el servicio público. Ahora bien, una vez superada la pandemia, queda que ese ejemplo cale en la sociedad, que a menudo habla de la labor docente con demasiada ligereza, y sobre todo en los despachos políticos. Aunque mucho me temo que esa es una labor que excede ampliamente las posibilidades de un mandato provincial de cuatro años.

Un momento de la entrevista.

–Actualmente, ¿en qué situación se encuentra el profesorado de Córdoba?, ¿qué tiene que mejorar?

–En primer lugar, la estabilidad de las leyes educativas. Sin eso es imposible que nuestro trabajo pueda dar fruto en un plazo razonable. Por ello necesitamos un Pacto de Estado que proteja la educación de los vaivenes políticos. Necesitamos también una mejora de las infraestructuras, que arrastran décadas de uso y a veces son centenarias. No paramos de repetir que es necesaria más inversión en mantenimiento y prevención. No tiene sentido que un colectivo que desarrolla la carrera profesional de toda la sociedad no tenga desarrollada la suya. Si queremos contar con los docentes mejor formados y más actualizados, nuestra profesión tiene que ser la más atractiva y la que más estimule los esfuerzos innovadores a lo largo de toda nuestra vida laboral. Porque la vocación, aunque sea central en nuestro trabajo, no puede ser el único pilar que sustente todas las carencias y todas las aspiraciones del sistema educativo.

–La eliminación de aulas por la bajada de la natalidad en la provincia es otra de las denuncias que se repiten año tras año. ¿Cuáles son sus cifras?

–En la última década han sido casi 500, 492 para ser exactos, las unidades que ha perdido la escuela pública desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Si convirtiéramos esas 492 clases en centros educativos, tendríamos que, solo en nuestra provincia y solo en los últimos 10 años, se habrían cerrado 50 colegios públicos de una línea. Pero es que si atendemos a las unidades autorizadas en el segundo ciclo de Educación Infantil, los datos son todavía más preocupantes ya que en este decenio se han reducido prácticamente 1 de cada 4 clases, pasando la oferta en centros de titularidad pública de 971 unidades a 758. Esta etapa es clave para el sistema educativo en su conjunto puesto que, de no adoptarse medidas inmediatas y contundentes, el cierre de líneas en Infantil se arrastrará al resto de etapas educativas, como ya está ocurriendo en Primaria, y se extenderá como un cáncer a la Enseñanza Secundaria y al Bachillerato. Si nunca podemos perder de vista esta amenaza, es necesario tenerla muy presente en un año como este, en el que a la escasez de alumnado se suma la negociación de los conciertos educativos que marcarán la escolarización de los próximos seis años y cuando, además, está sobre la mesa, incluso, la posibilidad de concertar el Bachillerato.

"En la última década han sido 492 las unidades que ha perdido la escuela pública"

–¿Considera que esta situación es irreversible o se podían adoptar otras medidas a pesar de la falta de matriculaciones?

–Por fortuna esta situación no es irreversible. Su solución depende de una voluntad política que se sustancia en una mayor o menor inversión educativa, en la defensa de un modelo u otro y en una determinada planificación de los recursos. La Lomloe es clara al respecto y focaliza la oferta pública en la planificación que cada administración haga, ni más ni menos, dejando fuera de la ley un concepto como el de la demanda social, que hay que recordar que tampoco rige en ningún otro ámbito de lo público. Por eso, como somos conscientes de que, al final, el destino de nuestra escuela depende de las decisiones políticas de la Junta de Andalucía, más allá de la necesaria bajada de ratios, más allá del aumento de la inversión, defendemos también para la educación pública un blindaje como el que beneficia a la educación privada concertada, que ve protegidas todas sus unidades por periodos de hasta 6 años y que, no en vano, en los últimos 10 años no solo no ha menguado, sino que incluso ha crecido. Lo que no es de recibo es que nuestros centros deban ajustar año a año su oferta y tengan que cerrar todos los cursos multitud de clases para asumir en solitario los efectos de la bajada de natalidad. Aunque pueda parecer el mundo al revés, a la luz de los datos oficiales lo único que pedimos para la escuela pública es al menos la misma protección de la que goza la escuela privada concertada.

Antonio Rafael López en la zona de la Puerta de Almodóvar.

-La falta de recursos para la atención a la diversidad en los centros educativos es otra de las críticas que se han lanzado en los últimos años desde las organizaciones sindicales. ¿La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha aumento los recursos en este tiempo?

-Efectivamente lo ha hecho. Los recursos específicos para la atención a la diversidad han aumentado en los últimos años y es algo que hemos reconocido públicamente y ante la propia Administración en no pocas ocasiones. Lo que ha aumentado también ha sido el número de docentes de esas especialidades que se ven obligados a compartir centros y cuyos puestos son susceptibles de cambiar de año en año, con lo que eso supone de merma para la dedicación y para la continuidad en el trabajo que este alumnado requiere y, por supuesto, también para el bienestar laboral que este profesorado merece.

-La reducción de las ratios en las aulas ha sido una demanda constante en los últimos años por parte del profesorado y los sindicatos, ¿por qué cree que no se lleva a cabo de una vez por todas?

-Efectivamente, el debate sobre los beneficios de una ratio baja para la calidad educativa se remonta ya a los orígenes de la Logse, aunque en los últimos años es verdad que se ha visto acentuado por la sangría de aulas que ha sufrido la escuela pública en exclusiva. Las razones para que una demanda como esta, compartida por toda la comunidad educativa, no sea asumida como propia por la Junta de Andalucía solo pueden ser de índole economicista, porque la ley educativa de rango nacional solo establece las ratios máximas, lo que ofrece a las autonomías una total libertad para reducir las ratios, si así lo desean, claro. Todo depende de hacia dónde dirijan la prioridad de su gasto público. De hecho, puedo decirle que Andalucía es una excepción al respecto porque son muchas y de distinto signo político las comunidades autónomas que ya tienen aprobados o en aplicación proyectos para rebajar las ratios en distintos niveles educativos.

-CSIF volvió a ganar las elecciones de la Junta de Personal Docente No Universitario en diciembre del año pasado, ¿será de nuevo su máximo responsable?

-Pues siento no poder responderle a esa pregunta. Como en todo órgano colegiado, corresponde a nuestro Pleno decidir quién ocupará la Presidencia en los próximos cuatro años. Cada delegado o delegada puede presentar su candidatura y recabar los apoyos necesarios entre las organizaciones sindicales. Yo solo puedo agradecer a la mía, a CSIF, que haya contado conmigo durante dos mandatos para un honor como este y, por supuesto también, a tantos docentes por la confianza y el cariño que nos han mostrado. Honestamente, creo que ocho años son suficientes para marcar una impronta y que las personas no debemos eternizarnos en las responsabilidades. Pero, como le decía, todo eso se dirimirá en nuestra próxima reunión, que es donde debe hacerse. Lo que sí puedo asegurarle hoy es que, esté donde esté, ya sea en mi centro educativo o en cualquier otra responsabilidad, llevaré conmigo siempre la vocación de servicio público.