La morosidad en las comunidades de vecinos en Córdoba sigue siendo un problema importante, pero cada vez menos. Y es que tras la voz de alarma de los últimos años a causa de la crisis y el número viviendas que se habían quedado desocupadas, la deuda de los comuneros ha sido una constante, hasta alcanzar la cifra de 37 millones de euros en el ejercicio 2014. Sin embargo, ese montante ha ido desde entonces reduciéndose cada año, hasta lograr en el último año una caída del 4% -la media andaluza ha sido del 3,8-, lo que significa que ha bajado por fin de la barrera de los 33 millones de euros y por primera vez en el último lustro se ha situado 32,47 millones de euros, unos números muy parecidos a los del periodo 2012. Así lo indica el informe de morosidad del Consejo General de Colegios de Administradores de fincas que se ha publicado recientemente.

A nivel general, ese estudio apunta que el nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios disminuyó en toda España, en el ejercicio 2017, en un 3,88% respecto al año anterior, alcanzando el importe de 1.601,23 millones de euros, frente a los 1.665,90 millones de euros de 2016. Respecto a la morosidad bancaria, ha disminuido un 4,13%, alcanzando los 317,12 millones de euros en 2017, frente a los 380,80 millones de euros de 2016. En cuanto a Andalucía, el descenso es también notable (3,83%) y baja de los 310 millones hasta llegar a 308 millones de euros. La morosidad de las entidades financieras con las comunidades de vecinos también se ha reducido en la comunidad autónoma en un 4% y pasa de los 64,4 millones del año 2016 a 61,5 del último ejercicio escrutado. Eso significa que el 20% de lo que se debe a las comunidades de propietarios de Andalucía corresponde a entidades financieras.

Respecto a la posición de Córdoba en el ranking andaluz, se sitúa entre las provincias que menos deben (32,4 millones), sólo por encima de Huelva (22,1 millones) y Jaén (21,3), mientras que Almería contabiliza 35,4 millones, Granada 37,3, Cádiz 47,4, Sevilla 47,5 y Málaga 64,3 millones de euros.

Atendiendo a otros estudios también se puede concluir que la morosidad de los propietarios de viviendas con las comunidades de vecinos es de 91,9 euros de media por cada vivienda en Almería, a la que siguen Las Palmas (88,4 euros de deuda por casa construida), Murcia (87,4), Córdoba (84,3), Islas Baleares (83,9), Cádiz (79,6), Santa Cruz de Tenerife (79,2) y Huelva (78,7).

Para combatir la morosidad en las comunidades de vecinos, los administradores de fincas colegiados tienen claro que es necesaria una nueva Ley de Propiedad Horizontal que establezca una serie de medidas, como el establecimiento de intereses superiores al interés legal del dinero en el tiempo en que un propietario sea moroso, siempre que no sean abusivas o desproporcionadas. También han planteado que se reclame al adquirente de un inmueble el importe adeudado por morosidad de todos los gastos comunes y del fondo de reserva que correspondan a la parte vencida del año en curso y a los cuatro años naturales inmediatamente anteriores a su transmisión del inmueble. A ello unen que el comprador de un inmueble deba de exigir al vendedor el certificado de deudas con la comunidad de propietarios. Si el comprador renuncia a ello, implicará que en el caso de existencia de deudas comunitarias la responsabilidad del pago corresponderá a vendedor y comprador, y alcanzaría el total de la deuda anterior a la fecha de la transmisión del inmueble.

Para el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, una nueva Ley de Propiedad Horizontal "es necesaria para seguir combatiendo la morosidad en comunidades de propietarios, porque aunque los datos muestran una disminución de lo que se adeuda, aún el 38,43% de las comunidades de propietarios tienen morosos, y el porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras tienen pagos pendientes alcanza al 7%".

La organización colegial añade que en cumplimiento de su deber de colaboración con las instituciones públicas y en defensa de los intereses de los usuarios y consumidores "presenta a la sociedad su Propuesta de Ley de Propiedad Horizontal que pretende, frente a la situación actual, atender al principio constitucional de seguridad jurídica que exige al legislador perseguir la claridad, y no la confusión normativa, y procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse", señalan.

En Córdoba existen dos tipos de comunidades que no afrontan el pago de sus cuotas: una es la que representan las personas que se resisten al pago, una figura que está desapareciendo, y la otra es en la que el propietario que realmente no puede. No obstante éste al final se sustituye por el banco porque pierde la vivienda.