Hacemos demanda al Ayuntamiento que medie en el caso del cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial

El grupo municipal Hacemos ha instado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba a intervenir ante la situación que atraviesa el cordobés Javier Marañón, originario de Peñarroya-Pueblonuevo, que permanece en prisión en Guinea Ecuatorial desde comienzos de 2025, junto al andaluz David Rodríguez. Lo ha hecho este jueves en la sesión plenaria ordinaria del mes de enero.

El concejal José Carlos Ruiz ha explicado que esta iniciativa surge a petición de la familia de Marañón, que busca que el Ayuntamiento de Córdoba medie en su caso. Y ha reclamado que tanto el Ayuntamiento como el alcalde, José María Bellido, activen todos los recursos disponibles y establezcan vías de diálogo y actuación con Guinea Ecuatorial para lograr la liberación de Javier Marañón, subrayando que su objetivo es que pueda regresar a Córdoba cuanto antes.

Marañón y Rodríguez fueron detenidos a mediados de enero de 2025 en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, tras un proyecto fallido de desarrollo de televisión digital terrestre. Los arrestos han sido cuestionados desde el principio y, de hecho, el Parlamento Europeo ha denunciado las condiciones "arbitrarias e injustas" de todo el procedimiento en base a diversas instituciones nacionales e internacionales.

El 7 de abril de 2025, los dos andaluces fueron trasladados a la prisión de Playa Negra, considerada por numerosos organismos de derechos humanos como una de las cárceles con peores condiciones de habitabilidad y salubridad del continente africano, donde se registran violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, tratos inhumanos y degradantes, así como la ausencia de garantías judiciales básica.

Se sabe que ambos se encuentran "totalmente aislados" como represalia a las tensas relaciones que el régimen dictatorial de Teodoro Obiang mantiene con España, y que a los dos se les ha prohibido el contacto con sus abogados y familiares tras la interceptación ilegal de sus conversaciones privadas con diplomáticos españoles.

Salud deteriorada

Tras meses de cautiverio, la salud de Javier y David "se está deteriorando gravemente", especialmente la del ciudadano cordobés, quien recurrió a una huelga de hambre, de acuerdo a las informaciones que maneja el Parlamento Europeo, que ha condenado "en los términos más enérgicos los reiterados de casos de condiciones inaceptables de detención y los malos tratos infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial".

Desde el pasado septiembre, se le aplican nuevos castigos: se les impide recibir comida del exterior y se les prohíbe salir al patio, por lo que permanecen 24 horas al día hacinados en una celda con otros 18 presos. Y ello sin que aún se conozca de qué se le acusa: Javier es administrativo y David, técnico de vídeo, "por lo que es incongruente que se insinúe que puedan estar implicados en la estafa que, teóricamente, se les imputa", según advirtió Aarón Marañón, hermano de Javier.

En la pasado mes de octubre, la Diputación de Córdoba aprobó por una unanimidad una declaración institucional en la que advierte de que "el deterioro físico y emocional de Javier Marañón y David Rodríguez, y la falta de acceso de ambos a asistencia letrada, atención médica y comunicación con sus familias constituyen una grave vulneración de los derechos humanos más elementales, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, todos ellos ratificados por Guinea Ecuatorial".

A través de esa declaración leída por el presidente de la corporación, Salvador Fuentes, la provincia expresa su "solidaridad y apoyo" a Marañón y a Rodríguez, así como a sus familias, en estos momentos de "extrema dificultad", y exige al Gobierno de Guinea Ecuatorial la "inmediata liberación" de ambos ciudadanos o, en su caso, la celebración de un juicio "con todas las garantías procesales y de defensa reconocidas por el Derecho Internacional", si bien "a día de hoy no hay causa o acusación formal contra ellos". Por último, la Diputación insta al Gobierno central y a las instituciones de la Unión Europea a "intensificar las gestiones diplomáticas necesarias para asegurar su protección, garantizar su integridad física y acelerar su regreso a España".