El atasco que sufren los Juzgados de lo Social de Córdoba ha provocado que los señalamientos se estén dando a dos años vista. Esto significa que los conflictos por temas laborales, que constituyen el grueso de estos juzgados, se dilaten hasta 2021 y, en el peor de los casos, hasta 2022.

De esta forma, puede darse el caso de que un trabajador denuncie a la empresa en la que trabaja por no pagarle la nómina y no encuentre solución a corto ni medio plazo a su problema debido al retraso que hay en estos órganos judiciales.

En este sentido, el titular de lo Social 3, Antonio Rodríguez, ha denunciado que su juzgado ha recibido 4.878 asuntos en los últimos cuatro años, lo que supone el trabajo de seis, según el número establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta situación se hace extensible a los cuatro Juzgados de lo Social.

Rodríguez, que incluso ha denunciado este problema en sus redes sociales, explica que el CGPJ tiene fijado el número máximo de demandas que pueden entrar en un año en estos órganos y para Córdoba tiene fijado un máximo de 800. Sin embargo, desde hace cuatro años esa cifra se ha superado con creces.

El CGPJ tiene fijado para Córdoba un máximo de 800 asuntos anuales por juzgado

En 2016, su juzgado alcanzó los 1.100 asuntos y en 2019 han sido más de 1.300, por lo que “estamos 500 asuntos por encima de lo máximo que considera el Consejo como idóneo para poder sacar el trabajo del año”, apunta el magistrado.

Así, reitera que “hemos recibido el trabajo de seis años en cuatro, por eso ahora mismo estamos retrasados y señalando asuntos a 2021 y 2022; lo que ha entrado no se ha resuelto, pero porque simplemente nos estamos retrasando”, reitera, de forma que “ya hay juicios señalados en Córdoba para 2022”.

“Tenemos una capacidad para poner sentencias, es imposible que saquemos todo lo que entra”, asevera el magistrado. Con este sistema de señalamiento, para llevar los asuntos al día los jueces de los Social tendrían que celebrar unos 20 juicios en cada jornada.

En esa línea, Rodríguez asegura que no puede “poner 20 o 40 sentencias en una semana, por lo que sigo manteniendo un ritmo de señalamiento máximo para poner la sentencia en tiempo”, pero a la vez “se van dilatando los procedimientos y los asuntos se van señalando cada vez más tarde”. Hace dos años estas citaciones se daban a seis meses vista, en 2018 a un año y ya van por año y medio o dos.

Los perjudicados por esta situación son “los trabajadores y los beneficiarios de la Seguridad Social, que son los que vienen reclamando justicia al Juzgado de lo Social y ven cómo su problema se va a resolver en dos años”, indica el magistrado. Entre los conflictos que llegan a estos órganos están las reclamaciones de salarios o pago de prestaciones, entre otros temas. Ahora mismo hay unos 700 asuntos pendientes en el Juzgado de lo Social número 3. “En otros el número puede ser incluso superior”, aclara.

El aumento de estos casos refleja que "la recesión económica ya está aquí"

Por otra parte, agrega que la jurisdicción social es un reflejo de los períodos de crisis y de bonanza económica. Por ello, según el alto número de asuntos que están llegando a los órganos judiciales en los últimos años, se atreve a decir que “la recesión ya está aquí”.

Ante esta situación, Rodríguez –que lleva diez años en la jurisdicción social– se siente “descorazonado” porque “hemos visto cómo los Juzgados de lo Social se refuerzan en otras provincias como Málaga, Sevilla y Almería y cómo se aumentan los juzgados de otras jurisdicciones como la Primera Instancia, Penal o la Audiencia Provincial, mientras que la última vez que se aumentaron los de lo Social de Córdoba fue hace más de 20 años”. Es decir, “todos han aumentado por necesidad, menos los de lo Social, que parecen la hermanita pobre” tanto en Andalucía en general como en Córdoba en comparación con otras jurisdicciones.

Al magistrado le consta que “hay interés, pero hasta ahora nadie ha aportado soluciones a este problema”. En esa línea, apunta que la jurisdicción social, junto con los temas de cláusula suelo, “son los que más retraso acumulan en Córdoba”. Tal es la situación que “hay asuntos para que se crearan dos juzgados más, aunque sé que eso jamás pasará”.

“La justicia en Córdoba es responsable y no sé si estamos pagando esa responsabilidad con falta de medios porque si sacas tu trabajo, sea como sea, no te ayudan”, concluye Rodríguez, que cree que hay “una situación discriminatoria no solo en la comunidad autónoma, sino dentro de la propia provincia”.