El Tribunal Supremo justifica su decisión de no suspender las actividades del PCTV con el argumento de que el pluralismo político debe prevalecer sobre otros intereses, y que “no sería ni proporcionado ni adecuado” impedir el funcionamiento del partido vasco si se tiene en cuenta la corta duración del proceso de ilegalización.

En un auto notificado ayer, la sala del 61 del Alto Tribunal explica así su decisión del pasado viernes de no acceder a la petición de la Fiscalía y del Gobierno de suspender cautelarmente las actividades del PCTV mientras se tramitan las demandas de ilegalización. El tribunal señala que “una ponderación de los intereses en conflicto excluye la procedencia” de la adopción de la medida y añade que “la preponderancia de los valores superiores del ordenamiento jurídico establecidos en el artículo 1 de la Constitución, entre los que se encuentra el pluralismo político, impone la subordinación de otros intereses que no alcanzan este rango constitucional”.

El Supremo indica que si no es procedente acordar el cese de actividades del PCTV tampoco lo será acordar el embargo de sus cuentas corrientes, ni el cierre de locales o de su sede social porque estas medidas “serían contradictorias con la decisión adoptada respecto del mantenimiento provisional de las actividades”. Sí se ha prohibido la entrega de fondos públicos.

El auto afirma que “el pluralismo político no alcanza a garantizar la financiación pública de partidos políticos que, como el PCTV, hayan sido considerados en el trámite de una causa criminal prime facie vinculados al complejo terrorista liderado por ETA, a través de Batasuna”. Según recuerda el Alto Tribunal, esta medida “no comporta una pérdida definitiva del derecho afectado” y “puede, en todo caso, ser reparada en el caso de desestimación de las demandas”.

Respecto al argumento de los abogados del PCTV, Jone Goirizelaia y Karmelo Landa, de que la situación que se ha dado respecto a la actuación del PCTV ha sido tolerada durante mucho tiempo, desde la constitución del partido en 2002, y “ha sido consentida por el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado”, el auto señala que “los documentos obrantes en la causa demuestran claramente lo contrario”. “El argumento no puede ser acogido pues, en cualquier caso, el tiempo requerido al Estado para acreditar adecuadamente las situaciones de hecho y de manera fundada al respecto no es en modo alguno un consentimiento de tales situaciones”, se indica. Respecto a la petición de suspensión de que este partido presentara candidaturas a las elecciones, el auto afirma que ésta ha quedado sin contenido al no presentarse a los comicios y, por lo tanto, “no cabe pronunciamiento sobre esta cuestión”.

Por otra parte, el grupo de mediadores internacionales que participó en el frustrado proceso de paz está convencido de que tras el 9-M habrá más opciones de diálogo. Según publica Tiempo, los mediadores abogan por un diálogo secreto, sin el visto bueno del Congreso. Las conversaciones se harían públicas cuando hubiera acuerdos que deberían implicar necesariamente que ETA anuncia el cese definitivo de la violencia. Un plan que pasaría, necesariamente, por la victoria del PSOE el 9-M, según esta información.