La Plataforma ciudadana para la defensa del sistema público de pensiones de Córdoba se ha vuelto a concentrar este sábado para pedir la equiparación de la prestación por jubilación mínima con el salario mínimo interprofesional (SMI).

La plataforma se ha manifestado en el bulevar del Gran Capitán con motivo del Día de lucha unitaria del movimiento pensionista, que se celebra este 29 de mayo, y ha recordado que "las pensiones públicas son el medio de vida que tenemos los trabajadores una vez finaliza nuestra etapa laboral, un derecho adquirido mediante nuestra lucha y que conseguimos que estuviese reconocido en nuestra Constitución en el artículo 50".

Así, han aseverado que ese derecho se paga "con el ingreso que mensualmente aportamos a la caja de la Seguridad Social por medio de nuestros salarios diferidos. Un sistema que se ha demostrado solidario y suficiente para hacer frente a nuestras pensiones públicas".

Sin embargo, "hace décadas que nuestros ahorros han sido usados por los diferentes gobiernos para fines distintos al pago de pensiones", por lo que denuncian que "nos han estado robando y han producido un déficit con el que justifican una serie de recortes en las pensiones".

Una de las demandas que la plataforma repite en cada concentración es la de equiparar la pensión mínima con el salario mínimo "para más de cuatro millones de pensionistas, mayoritariamente mujeres, cuyas pensiones contributivas no llegan a 950 euros, con lo que difícilmente pueden tener una vida digna".

En esa línea, su reivindicación es "llegar al importe que recomienda la Carta Social Europea y que ayudaría a cerrar la brecha de género". De hecho, agregan que el 52% de los pensionistas cobran una jubilación inferior al salario mínimo, siendo esa cifra en las mujeres del 71%.

Por otro lado, exigen una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social: "Se trata de desmontar de una vez el bulo de que el sistema de pensiones es insostenible, que ha justificado la necesidad de privatizarlo y engaña a los jóvenes con el fantasma de que no tendrán pensiones". Por eso, desde la plataforma van a seguir recogiendo firmas y promoviendo resoluciones en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos sobre esa exigencia de la auditoría de la Seguridad Social.

Además, muestran su rechazo al Pacto de Toledo y sus recomendaciones porque "en vez de mejorar, han empeorado la situación de los pensionistas actuales, pero sobre todo las del futuro". El colectivo está en contra de "los planes privados de empresa con fondos públicos y la jubilación demorada".

Al respecto, inciden en que en la recomendación número 16 del pacto se plantea "derivar parte de las cotizaciones sociales hacia fondos privados". Esto significa "un salto cualitativo hacia los objetivos de la gran banca europea y su proyecto del Plan Europeo de Pensiones", que además es "una propuesta perversa porque pretende implantarse mediante negociación colectiva". 

"Tenemos los motivos y aportamos las soluciones para que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, puedan en el futuro cercano y lejano disfrutar de los derechos que hemos conseguido", concluyen desde la plataforma.