El PP ataca la falta de unidad e IU cree que el pacto no se resentirá

El Partido Popular atacó ayer la falta de coherencia que, a su juicio, supone que los socios del gobierno municipal vayan a votar hoy en direcciones distintas la legalización de las naves de Colecor, un asunto de "gran trascedencia", según aseguró el portavoz adjunto del grupo del PP, Miguel Ángel Torrico. A juicio del político popular, este hecho es un ejemplo "de la absoluta incoherencia de este equipo de gobierno, que ni es equipo ni gobierna".

Torrico manifestó que la disciplina urbanística no es "un tema menor, que precisa de una postura unívoca por parte del gobierno municipal". El edil aseguró que este hecho demuestra que a PSOE e IU "sólo les une el poder". El concejal aseguró que esta falta de coherencia ya está generando problemas y retrasos en la gestión política del Consistorio. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, dijo que "si el PSOE hubiera votado a favor, habría traspasado los límites de la coherencia".

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento, Andrés Ocaña (IU), aseguró que la negativa del PSOE, su socio en el gobierno municipal, a aprobar el proyecto de actuación de las naves de Colecor no genera inestabilidad dentro del pacto de gobierno. Ocaña ha contestado de este modo al anuncio realizado por el primer teniente de alcalde en el Consistorio, Rafael Blanco, quien dijo que su grupo votará hoy contra la aprobación de este plan, en el que se incluye la legalización de las denominadas naves de Colecor construidas de forma ilegal por el empresario Rafael Gómez, por "coherencia y responsabilidad".

El teniente de alcalde de Urbanismo afirmó que los socios de gobierno municipal no tienen que estar "al 100 por ciento de acuerdo" en todos los temas, sobre todo en uno de estas características, que es "de largo recorrido, en el que ha habido posiciones muy firmes por parte de todos".

Así, el voto afirmativo de IU se basa en la defensa de las competencias municipales y del plan especial de la carretera de Palma, que es "aplicable y está en vigor". Ocaña también ha subrayado que la obligación municipal es cumplir con el planeamiento urbanístico, que recoge que en esa zona de la capital debe haber instalaciones industriales, si bien ha reconocido que "puede haber otra administración que no esté de acuerdo", lo que no quiere decir que el plan "no sea aplicable y que no estemos obligados a desarrollarlo".

Sin embargo, ha asegurado que los socios de gobierno "éramos conscientes de que no íbamos a tener la misma opinión" sobre la legalización del plan de la carretera de Palma, si bien esta diversidad de posicionamientos "no genera ni debe generar ninguna inestabilidad en el gobierno municipal". "Todos hacemos un ejercicio de coherencia", sostuvo Ocaña, que considera que su opinión la avalan los informes técnicos y jurídicos de la GMU, que "dicen que actuamos conforme a la norma y al Plan General de Ordenación Urbana".