Córdoba

La Inspección de Trabajo levanta más de un millar actas de infracción cada año

  • Un tercio de los incumplimientos detectados están relacionados con el sector de la agricultura y ganadería

  • Las actuaciones se centran ahora en la calidad de los puestos

Fachada del Instituto de Seguridad Social en Córdoba. Fachada del Instituto de Seguridad Social en Córdoba.

Fachada del Instituto de Seguridad Social en Córdoba. / el día

Casi todas las centrales sindicales coinciden en la necesidad de que los inspectores de trabajo de la Administración controlen más la realidad de las empresas o de los tajos en las campañas agrícolas, que emplean a miles de personas de manera temporal. Pero, ¿cuántas irregularidades detectan? En el caso de Córdoba, los datos del Gobierno a los que ha tenido acceso el Día muestran que esos inspectores y subinspectores levantan cada años más de un millar de actas de infracción por distintas irregularidades. Se trata de una cifra que se viene repitiendo sobre todo en los últimos tres años, en los que detectaron 899 incumplimientos de la normativa laboral en el ejercicio 2015, un total de 1.100 en 2016 y 1.051 el año pasado, según esa misma estadística.

Nada que ver con los dos años anteriores -2013 y 2014- cuando la Seguridad Social tramitó 1.358 y 1.908 infracciones respectivamente en la provincia. Estos datos de Córdoba se enmarcan en el Plan de Lucha Contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social correspondiente al periodo 2012-2017, que a nivel nacional se cerró con el afloramiento de casi medio millón de empleos y la conversión de 346.000 contratos temporales en indefinidos. Además, los distintos expedientes sancionadores generaron unos ingresos de más de 6.160 millones de euros en toda España.

Pero de regreso a Córdoba, llama la atención que durante ese periodo se registraron en total 6.316 actas de infracción y de ellas, más de 2.000 se produjeron en sectores relacionados con la agricultura, la ganadería, la caza, silvicultura o explotación forestal, o lo que es lo mismo, el campo -en sus distintos subsectores- aglutina el 32,6% de todas las infracciones que detectan los inspectores de trabajo de la Seguridad Social.

Además, en la provincia se han desarrollado en los últimos años distintos operativos en los que también ha tomado parte la Policía nacional, como es el caso de la llamada operación Cierre, cuya segunda fase concluyó hace apenas un mes y ha supuesto el desmantelamiento de un entramado ficticio de empresas que presuntamente habría defraudado más de 150.000 euros a las arcas públicas en Córdoba. Así, la Policía Nacional detuvo a 22 personas, así como investigado a otras tres, ante la existencia de indicios de la comisión de un delito contra la Seguridad Social y de falsedad documental. En concreto, esta operación se inició en 2017 y en una primera fase se detuvo a 65 personas y se investigaron a otras 39, estando todos ellos relacionados con una empresa que presuntamente se dedicaba a prestar diferentes servicios de administración.

De cara al futuro, el Gobierno ya aprobó en abril el plan estratégico 2018-2020, que se centrará especialmente en la calidad del empleo y dará prioridad a actuaciones en el ámbito de la discriminación por género y la brecha salarial. El plan se estructura en cuatro ejes y fija doce objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años. Se refuerza el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos, y se centrará en actuaciones en el ámbito de discriminación por género, con campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas. También potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar que existan cláusulas discriminatorias.

El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es el encargado de ejecutar el plan estratégico 2018-2020, integrará a todo el personal que hasta ahora prestaba servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (unos 3.000 empleados públicos entre inspectores, subinspectores y personal de apoyo) y estará desplegado en todas las comunidades y provincias y en Ceuta y Melilla. En cuanto a Córdoba, el número de inspectores nos es que sea especialmente amplio. Así, según los datos del Ejecutivo, en la provincia integran este equipo un total de 13 inspectores de trabajo, una plantilla que se completa con el apoyo de 16 subinspectores. No obstante, entre las medidas incluidas en ese plan se contempla efectuar un estudio sobre la determinación de parámetros objetivos para la distribución más eficaz del personal, así como formalizar acuerdos con otras instituciones para colaborar en la formación de los funcionarios de nuevo ingreso,

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