Oposición

IU rechaza que el gobierno de la Diputación de Córdoba "ponga en riesgo" las exhumaciones de los cementerios de la Salud y San Rafael

Muro de la memoria del cementerio de la Salud.

Muro de la memoria del cementerio de la Salud. / Efe / Rafa Alcaide

El grupo provincial de Izquierda Unida expresa su rechazo ante la actitud del gobierno de la Diputación de Córdoba, que "ha vuelto a relegar a un segundo plano la memoria de las víctimas del franquismo y a poner en riesgo las exhumaciones de la Salud y San Rafael".

Desde IU se critica al Partido Popular por "convertir" la Delegación de Memoria Democrática, que fue impulsada durante el mandato anterior "gracias a IU y logró avances significativos como la creación de la cátedra de Memoria en colaboración con la Universidad de Córdoba, en algo testimonial".

"Resulta evidente -añaden desde el grupo provincial- que el PP no solo desestima la importancia de la memoria democrática, sino que tampoco muestra ningún compromiso con los principios de verdad, justicia y reparación".

La primera acción de este gobierno, según inciden, ha sido "reducir drásticamente el presupuesto de la Delegación de Memoria, de 500.000 a 185.000 euros", poniendo "en riesgo incluso el convenio entre distintas administraciones para la exhumación" de las más de 4.000 personas asesinadas por la represión franquista que aguardan en las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael.

Con un presupuesto "tan limitado resulta incierto cómo se podrán afrontar los compromisos económicos adquiridos en dicho convenio", que superan los 125.000 euros, 25.000 de 2023 y 100.000 de este 2024.

IU insta al gobierno provincial a "reconsiderar su postura y a asignar a la delegación el presupuesto adecuado mediante modificaciones presupuestarias". Es fundamental que se garantice el apoyo financiero necesario para que "miles de familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos".

La Memoria Democrática, añaden desde el grupo provincial, "no es una cuestión ideológica, sino un imperativo de justicia reconocido por organismos internacionales, y España aún tiene una deuda pendiente en este sentido, tras décadas de silencio y omisión".

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