La implantación del nuevo decreto que obliga a las empresas a mantener un registro de las horas de trabajo de sus empleados está suscitando no pocas dudas en Córdoba. Aunque esta medida no es nueva para muchas empresas y menos en el sector público, la obligatoriedad de su cumplimiento ha levantado algunas dudas respecto a su viabilidad y a su impacto real en la actividad laboral. Con esta medida, el Gobierno central quiere que afloren las horas extraordinarias que ahora se realizan de forma irregular, con el previsible aumento de las plantillas.

Desde Comisiones Obreras (CCOO), el secretario de Acción Sindical, Manuel Torres, señala que “se estima que cerca del 30% de las horas extra que se hacen en Córdoba no se registran”, por lo que esta medida sería de utilidad para “sacar a flote el empleo encubierto de la ciudad”.

Torres afirma que “han llegado algunas incidencias, pero no muchas”, especialmente de empresas sin representación sindical. En su opinión, la medida es beneficiosa porque verifica “el pago del exceso de horas de los trabajadores”, y resalta que “el control es lo más normal del mundo, no entiendo la reacción de algunas empresas”.

Aun así, reconoce en algunos casos “van a tener que echar imaginación” para conseguir llevar este control, como es el caso de los empleados que no acuden a un centro de trabajo determinado para realizar sus labores.

Trabajadora ficha a la entrada.

El secretario valora que “el impacto será sobre todo en el ámbito económico, pero es difícil valorar aún”. En este sentido, explica que podrá influir en el elevado número de contratos temporales que hay en Córdoba, pero matiza que “no va a transformar muchos contratos ni va a resolver el problema de los falsos autónomos, una de las grandes lagunas laborales”.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) advierte de “las dificultades para el cumplimiento del registro”, especialmente en el caso de las pymes.

Según CEA, “esta norma aplica parámetros ya superados en el siglo XXI, condicionando y perjudicando los mecanismos de flexibilidad laboral y conciliación”.

Desde la confederación consideran incluso que se trata de una “involución” en el modelo de relaciones laborales y aseguran que “va a generar un coste económico y de gestión a las empresas”.

Además, para CEA “se crea una obligación desproporcionada y prescindible, suponiendo una carga burocrática innecesaria, con costes gravosos e igualmente innecesarios”.

El director del área de formación de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Arroyo, señala que en Córdoba “hay 34.119 empresas con trabajadores, todas ellas estarían afectadas” por la nueva exigencia.

En este sentido, afirma que para algunas empresas supone implantar un sistema totalmente nuevo, al carecer de él actualmente, y además apunta que “hay muchas dudas al respecto y el Real Decreto es tan sumamente escueto que no aclara ninguna de ellas”.

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) se contempla la medida como algo positivo que “ayuda a luchar contra la precariedad laboral”. Así, el secretario de formación y empleo, Manuel Torralba, entiende que se generen “cierta dudas sobre la ejecución, pero el sistema debe ser lo más operativo posible”.

Al respecto, señala que “han tenido dos meses para aplicar el decreto, pero se han dormido en los laureles”. Además, Torralba considera que “con esta medida se equilibra, sólo un poco, la balanza entre el trabajador y el empresario”, sobre todo porque “obligará a tener nuevas perspectivas sobre los tipos de contratos y los horarios”.

No obstante, aclara que “los resultados sólo se pueden ver a la larga, en los próximos seis o 12 meses”, lo que trae consigo que de momento “se produzcan algunas llamadas negativas, aunque son anecdóticas”.

Torralba recuerda que la reticencia de las empresas viene de la situación generada “por las reformas realizadas durante la crisis”, pero aclara que la situación ha cambiado y que “los trabajadores también tenemos necesidades”.

Así las cosas, espera que se produzcan cambios “en el número de contratos y en la forma de los mismos”, una mejora que “se irá viendo paulatinamente”. Aún así, considera que “muchos intentarán recurrir a las lagunas para evitar el registro”.