La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio investiga siete casos de viviendas protegidas en Córdoba y 174 en el conjunto de Andalucía al existir indicios de que sus propietarios las hayan alquilado para uso turístico.

Los dueños de estos inmuebles se pueden exponer a sanciones que oscilan entre los 9.000 y los 10.000 euros. Actualmente, las delegaciones territoriales están investigando estos casos para verificar si se han producido infracciones de carácter grave por utilizar estas viviendas para otro fin que no sea el de residencia habitual.

El área de inspección ha realizado actuaciones de investigación que afectan a 25.536 viviendas, de las cuales 346 se encontraban ubicadas en parcelas con promociones de vivienda protegida. Una vez descartadas las ya descalificadas, se ha estrechado el cerco a estos siete casos en la provincia de Córdoba que se siguen investigando para determinar si sus dueños han procedido a su alquiler con fines turísticos.

Durante los ejercicios 2018 y 2019, se han tramitado 14 procedimientos sancionadores en el conjunto de Andalucía por el uso no autorizable de la vivienda protegida como alquiler turístico, que se encuentran finalizados con resolución. En muchos de los casos, los infractores han procedido al cese voluntario de esta actividad y al pago de la sanción.

La Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo recoge que las viviendas protegidas han de destinarse a residencia habitual y permanente del titular autorizado. En el artículo 19 de la citada normativa, se califica como infracción grave “el incumplimiento, por parte de la persona destinataria de la vivienda protegida u ocupante autorizado de la misma, de la obligación de ocuparla en los plazos reglamentariamente establecidos o de dar a la misma el destino de domicilio habitual y permanente”.

El uso de viviendas con fines turísticos ha vivido un boom en el último lustro en Córdoba, sobre todo en la capital, a raíz del auge de plataformas de economía colaborativa como Airbnb. Hace unos días, la delegada de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, abogaba por llevar a cabo una inspección contra las viviendas turísticas ilegales en la capital, dado que a finales de 2018 había 1.200 inmuebles de este tipo sin acogerse a la normativa.

El objetivo era defender de esta manera tanto a las legales, unas 1.300, como a los vecinos afectados por esta situación.

La también primera teniente de alcalde explicaba que “hay bastantes legalizadas, pero muchas otras sin legalizar”, por lo que “se trabajará en inspeccionar”, dado que “tiene que ser perfectamente compatible que los vecinos puedan vivir con la vivienda turística”.

Para ello, consideró que “es necesario que a nivel nacional se haga una ley de viviendas turísticas para regularizar”, y luego trasladarlo al ámbito autonómico y local, porque, según remarcó, “los vecinos del Casco Histórico tienen todo el derecho a vivir en paz y tranquilidad”.