Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de 2023 en Córdoba disminuyeron ligeramente respecto al mismo periodo de 2022. Así, en estos tres meses se registraron un total de 340 demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios, lo que supone un 4,12% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. 

Durante los tres primeros trimestres de 2023 se ha producido un descenso del número de disoluciones matrimoniales en Córdoba, ya que en el primer trimestre disminuyó un 15,7%; un 18,3% en el segundo trimestre y en el tercer trimestre la disminución ha sido del 4,12%.

En el periodo analizado, las demandas de divorcio de mutuo acuerdo (170) disminuyeron un 14% y los divorcios no consensuados (130) lo hicieron un 10% con respecto al año pasado. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas aumentaron y las no consensuadas se mantienen casi igual. Así, las no consensuadas fueron cinco y las consensuadas (35) una disminución de más del doble. En el tercero trimestre de 2023 no se registran demandas de nulidad.

Los órganos judiciales recibieron un total de 72 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que disminuyeron un 15% respecto a las presentadas hace un año. Las no consensuadas, 78, también disminuyeron un 28%. Por su parte, las modificaciones de medidas consensuadas, 44, experimentaron un descenso interanual del 4,3% y las no consensuadas, 121, un incremento del 1,6%. 

Si se pone en relación el número total de demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2023 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 51,8; Comunidad Valenciana, con 49,2; La Rioja, con 47,5; Murcia, con 44,8; Castilla-La Mancha, con 43,6; Andalucía, con 43,5; y Baleares, con 42,8. En todos estos territorios, la tasa supera la media nacional, que se situó en 40,9 demandas por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en el País Vasco, con 33,2; Castilla y León, con 33,9; Madrid, con 34,5; y Navarra, con 35,3.