El grupo de empresas de Rafael Gómez Sánchez reconoció ayer que el lote de 410 cuadros se encontraba en depósito en sus instalaciones del Parque Joyero, pero aseguró que no son propiedad del empresario, imputado en la operación Malaya. Según la versión difundida ayer por la propia empresa, peritos del Ministerio de Cultura y de la Agencia Tributaria iban a realizar la próxima semana la tasación de estos bienes con el objetivo de satisfacer una deuda tributaria que mantiene la empresa cordobesa con Hacienda.

Según esta versión, el fisco acepta como pago de tributos bien cantidades en metálico bien objetos que se incorporen al patrimonio histórico-artístico. El plan pasaba por que se analizaran las obras -Rafael Gómez trabajaba desde hace meses con Hacienda en esta posibilidad- y pagar el valor de los cuadros a sus propietarios mediante parte del patrimonio inmobiliario que posee Arenal 2000. El juzgado de instrucción de Marbella que realiza las indagaciones y tiene intervenidas las comunicaciones de los propietarios de los cuadros decidió ordenar que se intervinieran las obras de arte cuando tuvo noticias que se hallaban en Córdoba para su peritaje definitivo. El juzgado, que ha nombrado a la Junta como depositaria, considera los hechos como posible alzamiento de bienes.

La Agencia Tributaria ya dejó constancia en el sumario de la operación Malaya que había iniciado un acta de inspección sobre los bienes personales de Rafael Gómez y de toda su familia de cara a poner al día sus obligaciones con la hacienda pública. El caso concreto de esta operación es que los bienes de los propietarios reales de los cuadros se encontraban ya puestos en fianza u obligación de pago ante el juzgado, algo que la empresa de Rafael Gómez aseguraba ayer desconocer en un comunicado.

Este periódico intentó ayer recabar la versión de los ministerios de Cultura y Hacienda sobre este particular. De Cultura, no se obtuvo respuesta. La Agencia Tributaria aseguró que no comenta las relaciones con los administrados. El comunicado del empresario cordobés instaba a que se cotejaran estos datos ante los departamentos pertinentes de la Administración del Estado.

La intervención de las obras de arte no altera la situación procesal de Rafael Gómez en el seno de la operación Malaya, imputado de cohecho. Durante la operación policial del miércoles ni siquiera se le tomó declaración.