Un montante de 285.000 euros inyecta el Colegio de Abogados de Lucena en un fondo social generado expresamente con la finalidad de aliviar los negativos efectos originados por el coronavirus.

El acuerdo unánime de la junta de gobierno establece que el presupuesto consignado, fundamentalmente, beneficiará a los miembros ejercientes de la institución. Una pretensión inicial a la que se añade la decisión de contribuir económicamente con cinco residencias de ancianos y dos asociaciones asistenciales que prestan servicio, igualmente, a internos, implantadas, todas ellas, en el partido judicial de Lucena.

A la suspensión del pago de las cuotas a todos sus componentes, esta corporación agrega la distribución de 250.000 euros entre los profesionales que ejercen la abogacía, prácticamente palizada en la actualidad, y que, en un alto porcentaje, constituye la única vía de ingresos familiar.

Atendiendo a unas bases específicas, a estas ayudas directas corresponderá un importe mínimo de 300 euros y máximo de 1.000.

Simultáneamente, la entidad que preside Diego Chacón Morales entrega 5.000 euros a cada uno de los siguientes centros de mayores: Nueva Aurora y San Juan de Dios, en Lucena; San Juan Crisóstomo Mangas, de Rute; y las residencias municipales de la Tercera Edad, localizada, en Iznájar, y, en Benamejí, Santa Teresa de Jesús. La misma donación perciben la Casa-Hogar El Sauce y la Asociación Comarcal Pro Personas con Discapacidad Psíquica Virgen de Araceli, Amara, ambas ubicadas en Lucena.

El Colegio de Abogados expone que la cantidad estipulada en el primer bloque, dirigido a los letrados, se obtiene “en detrimento” de otras actividades, ya previstas y presupuestadas, en especial, las encuadradas en la conmemoración del 150 aniversario de su fundación. Estos acontecimientos, precisan, ante la presente pandemia mundial, “pasan a un segundo plano”.